Una fuerte ola de indignación ha sacudido a la Ciudad de México tras el desalojo de los animales del Refugio Franciscano. Activistas y protectores denunciaron que el operativo, coordinado por el gobierno de Clara Brugada y la Fiscalía capitalina, se realizó con engaños y una logística improvisada que ha derivado en un evidente maltrato animal. Según los testimonios, los perros que fueron retirados de su hogar de años ahora se encuentran hacinados y en condiciones deplorables, lo que ha provocado que la sociedad civil exija una respuesta inmediata y transparente por parte de las autoridades responsables.
El activista Arturo Islas fue uno de los principales en alzar la voz, mostrando a través de videos en vivo la cruda realidad que enfrentan los ejemplares rescatados. En las imágenes se observa a los canes encerrados en transportadoras pequeñas, donde presuntamente llevan más de tres días sin poder moverse adecuadamente ni recibir la atención necesaria. Esta situación de maltrato animal ha sido calificada como deleznable por los cuidadores, quienes aseguran que el gobierno nunca tuvo un plan real de reubicación y que solo actuaron para liberar el terreno sin importarles la salud física o emocional de los seres sintientes.
Evidencias en el Deportivo Hermanos Galeana
A pesar de que las autoridades negaron inicialmente que los perros se encontraran en instalaciones públicas, activistas lograron captar pruebas de que los animales permanecen en el Deportivo Hermanos Galeana. Los protectores señalan que el encierro prolongado en jaulas de viaje constituye una forma grave de maltrato animal, ya que los aullidos de dolor y el estrés de los perros son constantes. La falta de un registro exacto de cuántos animales salieron con vida del refugio original ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que algunos ejemplares comiencen a desaparecer poco a poco ante la falta de vigilancia.
Persecución contra protectores y activistas
La denuncia no solo se centra en el sufrimiento de los canes, sino también en la violencia ejercida contra las personas que dedicaron décadas a su cuidado. Los activistas reportan que han sido perseguidos y violentados por elementos policiales, tratándolos como si fueran delincuentes por el simple hecho de querer documentar el maltrato animal. Además, denunciaron que el gobierno ha intentado silenciar las críticas enviando a personajes de redes sociales para amenazarlos, pero aseguran que su resiliencia es mayor y que no se detendrán hasta que cada perro del Refugio Franciscano esté a salvo en un lugar digno.
La urgencia de apoyo en el lugar es crítica, ya que se teme que los trasladen a sitios desconocidos para ocultar las evidencias del mal manejo. Los ciudadanos exigen que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, rectifique la estrategia y permita que organizaciones internacionales o civiles supervisen el estado de los «franciscanitos». Mientras no exista un refugio adecuado con corrales y áreas de esparcimiento, el tenerlos en transportadoras seguirá siendo considerado un acto de maltrato animal penado por las leyes de protección vigentes en la capital del país, las cuales parecen haber sido ignoradas en este operativo.
Finalmente, la comunidad de protectores hizo un llamado a todos los mexicanos para que se unan a la exigencia de justicia y no permitan que este atropello quede en la impunidad. La situación del Refugio Franciscano se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de los animales en México, demostrando que la sociedad ya no tolera la falta de sensibilidad política. El caso de maltrato animal denunciado hoy marca un precedente sobre cómo la gestión de espacios urbanos no debe pasar por encima de la vida de seres indefensos que ya habían sufrido maltrato antes de ser rescatados por este refugio.
