5 ENERO 2025-INTERNACIONAL- La amnistía en Myanmar anunciada por el gobierno militar marca uno de los movimientos más visibles del régimen en medio de una crisis política prolongada. Con motivo del 78º aniversario de la independencia del país, las autoridades concedieron el perdón a más de 6,100 prisioneros y redujeron condenas a otros reclusos. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que el alcance real de la medida genera dudas, especialmente por la falta de información oficial sobre si entre los beneficiados se encuentran presos políticos.
De acuerdo con el anuncio difundido por la televisión estatal MRTV, el general Min Aung Hlaing autorizó la liberación de 6,134 personas privadas de la libertad. Además, se informó que 52 extranjeros serán liberados y posteriormente deportados. A pesar de la magnitud de la amnistía en Myanmar, no se publicó una lista completa de nombres, lo que ha alimentado la incertidumbre entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Dudas sobre presos políticos y alcance real
Uno de los puntos más sensibles de esta amnistía en Myanmar es que no está claro si incluye a los miles de detenidos políticos encarcelados por oponerse al régimen militar. Organizaciones independientes han advertido que este tipo de liberaciones suelen excluir a figuras clave de la oposición. De hecho, no hubo señales de que la exlíder Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de 2021, haya sido considerada para esta medida.
Las liberaciones comenzaron el domingo y podrían extenderse durante varios días. En Yangon, autobuses trasladaron a los prisioneros fuera de la Prisión de Insein, donde desde temprano se congregaron familiares y amigos. Entre los primeros liberados se encontró Ye Htut, exministro de información en un gobierno anterior respaldado por militares, quien había sido condenado por sedición tras publicar mensajes en redes sociales.
Contexto político y presión internacional
La amnistía en Myanmar ocurre mientras el gobierno militar impulsa un proceso electoral en tres etapas. Críticos del régimen sostienen que este mecanismo busca únicamente dar apariencia de legitimidad a un sistema que mantiene el control del poder por la fuerza. Al mismo tiempo, las autoridades aclararon que no se beneficiará a personas condenadas por delitos graves como asesinato o violación, ni a quienes atentaron contra la seguridad nacional.
