27 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha generado una fuerte controversia tras formular una imputación formal en contra del comunicador Rafael León Segovia. El reportero, quien se especializa en temas policiales, fue detenido el pasado 24 de diciembre en el puerto de Coatzacoalcos bajo cargos sumamente graves. Entre los delitos que se le atribuyen aparecen el de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y acciones contra las instituciones de seguridad pública, lo que ha encendido las alarmas entre sus colegas.
Tras su captura, un juez dictó la medida de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que el periodista deberá permanecer en la cárcel mientras se desarrolla su proceso legal. Su audiencia de continuación quedó programada para este 26 de diciembre, fecha en la que se definirá su situación jurídica inmediata. Este caso de supuesto terrorismo ha provocado que diversas organizaciones de comunicadores exijan que el proceso sea totalmente transparente y se respete en todo momento el ejercicio de la profesión informativa.
Postura de los organismos internacionales y defensores
Ante la gravedad de los delitos señalados, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que ya vigila de cerca el tema. Las asociaciones de prensa recalcaron que acusar a un comunicador de terrorismo es una medida extrema que debe estar plenamente justificada con pruebas claras. Existe un temor fundado entre el gremio sobre posibles represalias por el tipo de información que el reportero solía publicar en diversos medios locales de la zona sur del estado.
La Fiscalía precisó que la imputación se basa en el artículo 311 del Código Penal del estado, el cual describe el delito de terrorismo como actos que buscan producir alarma o temor en la población. Según la ley vigente en Veracruz, este cargo puede alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión, lo que representa una de las sanciones más altas del sistema judicial. Por esta razón, activistas y defensores de derechos humanos insisten en que no se debe criminalizar la labor de quienes reportan hechos violentos en la entidad.
Respuesta de las autoridades estatales ante el arresto
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García se pronunció al respecto asegurando que este caso no tiene ninguna relación con un ataque a la libertad de expresión. La mandataria afirmó que en Veracruz existe un respeto total al trabajo de los medios y que la ley se aplica de forma pareja para todos los ciudadanos. Según su postura, el proceso por terrorismo obedece a investigaciones serias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República (FGR).
Nahle García insistió en que su administración ha sido tolerante incluso ante lo que llamó «excesos» en la manera de informar sobre los sucesos de la entidad. Subrayó que, sin importar la profesión de la persona, ya sea periodista, carpintero o profesionista, todos deben responder ante la justicia si existen pruebas en su contra. De este modo, las autoridades mantienen la versión de que el cargo de terrorismo responde a evidencias encontradas en investigaciones previas y no a un intento de silenciar la labor informativa del reportero detenido.
¿Qué implica legalmente el artículo 311 en Veracruz?
