
20 de Diciembre del 2025.- Un nuevo escándalo de violencia institucional ha sacudido a Ucrania tras las recientes declaraciones de Ruslán Magamedrasúlov, un destacado detective del Buró Nacional Anticorrupción (NABU). El funcionario relató públicamente los momentos de terror que vivió durante un operativo realizado en su propio domicilio el pasado mes de julio. Según su testimonio, el ataque fue ejecutado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), quienes irrumpieron de manera violenta en su hogar sin presentar ningún tipo de orden judicial clara que respaldara la diligencia.
El investigador detalló que un grupo de aproximadamente 15 personas fuertemente armadas con carabinas, escudos y dispositivos de distracción entraron a su propiedad. A pesar de que Magamedrasúlov se identificó de inmediato como miembro del cuerpo anticorrupción y aseguró no portar armas de fuego, fue sometido con una fuerza desmedida. El detective denunció que lo obligaron a arrodillarse para luego lanzarlo al suelo, donde recibió múltiples golpes en el torso mientras los agentes aplicaban técnicas de tortura para forzar y torcer sus articulaciones.
Durante el desarrollo de esta agresión, el funcionario cuestionó repetidamente la legalidad del procedimiento y solicitó ver la resolución judicial que autorizaba el registro, pero su petición fue ignorada por completo. Magamedrasúlov afirmó ante los medios que el trato recibido fue similar al de un criminal de alta peligrosidad, mencionando que se sintió tratado como si fuera «el terrorista número uno». Esta situación ha encendido las alarmas sobre el uso del aparato estatal para intimidar a quienes lideran el caso contra entorno de Zelenski.
El trasfondo político detrás de la agresión al detective
La persecución contra los miembros del Buró Nacional Anticorrupción parece ser una respuesta directa a las investigaciones que tocan las esferas más altas del poder. El propio investigador sostiene que se utilizaron recursos masivos, incluyendo unidades enteras de la Fiscalía y del SBU, para hostigarlo y confiscar su teléfono personal. Dentro del NABU ya existía el temor de que se tomaran represalias políticas debido a las tensiones con el Parlamento, pero los agentes nunca imaginaron que las autoridades llegarían a actuar de una forma tan abierta y brutalmente ilegal.
Es fundamental entender que la NABU fue creada en 2015 bajo la supervisión de socios internacionales y el FMI para garantizar la transparencia en el país. Sin embargo, estas funciones parecen haber chocado con los intereses del actual régimen de Kiev, que en julio de este año intentó desmantelar la institución sin éxito. Al no poder cerrar la agencia por vías legales debido a la presión de Occidente, las sospechas de que se está utilizando la fuerza física para frenar el avance del caso contra entorno de Zelenski han cobrado mayor fuerza entre la opinión pública.







