El Gobierno Federal concretó una nueva etapa de recuperación de tierras en el sur de Quintana Roo para continuar con las obras ferroviarias. A través de una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación, se ratificó el decreto de expropiación para el proyecto federal que afecta directamente a 26 inmuebles. Estas propiedades, ubicadas principalmente en los tramos 5 y 6, pasarán a ser formalmente propiedad de la nación por causa de utilidad pública. La medida ha llamado la atención debido a la situación legal y familiar que atravesaban algunos de los predios seleccionados.
En el municipio de Othón P. Blanco, específicamente en el ejido Juan Sarabia, se identificó un caso particular donde el terreno afectado ya contaba con un proceso legal previo. El propietario de un predio cercano a la zona limítrofe con Campeche mantenía un embargo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a una deuda de casi tres millones de pesos. Con esta expropiación de tierras en Quintana Roo, el dueño pierde la posibilidad de recuperar esa parte de su propiedad en el futuro, ya que casi una hectárea será utilizada para las vías que conectan Chetumal con Escárcega.
Situación de los predios en Bacalar y Santa Elena
Otro de los casos registrados ocurrió en el ejido Santa Elena, donde la tierra expropiada representaba el patrimonio recién recibido de una familia local. Un grupo de hermanos había dividido recientemente la parcela tras heredarla de su madre fallecida; sin embargo, parte de este legado familiar ahora forma parte de los bienes nacionales. Esta expropiación de bienes raíces se suma a la lista de afectaciones en el sur del estado, donde la planeación del tramo 6 requiere el uso de superficies que anteriormente tenían un uso agrícola o habitacional privado.
En el municipio de Bacalar, un predio de casi tres mil metros cuadrados en la zona de X-Tomoc II también fue incluido en el decreto. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) le asignó a este inmueble un valor de 992 mil pesos como parte del proceso de indemnización. Esta expropiación gubernamental en el sur es fundamental para garantizar que el derecho de vía esté libre de obstáculos legales y físicos, permitiendo que la maquinaria trabaje sin interrupciones en los límites entre Bacalar y la capital del estado.
Avances en Playa del Carmen y certeza jurídica
La zona norte de la entidad no quedó exenta de estas medidas, pues en Playa del Carmen se anunció una acción similar para el tramo 5 del sistema de transporte. Aunque en este caso no se reveló públicamente el número de folio real del registro de la propiedad, la medida confirma que la federación busca cerrar todos los pendientes territoriales en Quintana Roo. Al publicarse por segunda vez el decreto, se ratifica la expropiación de propiedad privada y se da por hecho la transferencia de los terrenos a la administración federal para su uso inmediato.
