El Gobierno de Venezuela rechazó de manera firme la decisión de la Unión Europea de extender sus sanciones contra el país, al calificarlas como ilegales, ilegítimas y contrarias al derecho internacional. La postura oficial fue difundida este lunes a través de un comunicado de la Cancillería, en el que se subraya que estas medidas vulneran principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Caracas sostiene que las sanciones no solo carecen de base jurídica, sino que también representan una política de presión que desconoce la soberanía de los Estados. De acuerdo con el texto, la prórroga anunciada por Bruselas confirma una línea de hostilidad que, lejos de resolver diferencias, profundiza el distanciamiento político y diplomático entre ambas partes.
La reacción venezolana se produce luego de que la UE decidiera extender por un año más las sanciones, que ahora permanecerán vigentes hasta el 10 de enero de 2027. Para el Ejecutivo, esta decisión refleja una falta de voluntad para revisar una estrategia que, aseguran, ha demostrado ser ineficaz.
En su comunicado, la Cancillería afirmó que insistir en estas sanciones acelera la “decadencia política” del bloque europeo, al persistir en una política que consideran estéril y desconectada de la realidad regional.
Sanciones y críticas a la política exterior europea
El Gobierno venezolano fue más allá al señalar que la política exterior de la Unión Europea es “errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos” a los pueblos que dice representar. Según Caracas, las sanciones evidencian una pérdida de independencia del bloque comunitario en la toma de decisiones internacionales.
Las medidas vigentes implican la inmovilización de activos y la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a las personas incluidas en la lista de sanciones. En total, 69 personas figuran en ese listado, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Para Venezuela, este tipo de sanciones no han generado cambios positivos y solo han contribuido a deteriorar los canales de diálogo. El Ejecutivo sostiene que el impacto real se ha limitado al ámbito diplomático, sin lograr los objetivos políticos que la UE argumenta perseguir.
Además, Caracas considera que mantener estas sanciones afecta la credibilidad del bloque europeo como actor internacional capaz de actuar con racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos.
Sanciones en un contexto de mayor presión internacional
La Cancillería venezolana advirtió que la prórroga de las sanciones coincide con una escalada de presiones por parte de Estados Unidos contra el país suramericano. No obstante, remarcó que, tras años de aplicación, estas medidas han demostrado ser un “rotundo fracaso”.
Según el comunicado, el único resultado tangible de las sanciones ha sido el deterioro de las relaciones políticas y diplomáticas entre Venezuela y la Unión Europea. Desde la óptica del Gobierno, esta situación confirma la creciente irrelevancia del bloque comunitario en el escenario internacional.
Caracas reiteró que continuará denunciando estas sanciones en instancias multilaterales y defendiendo su derecho a decidir sin presiones externas. Insistió en que la cooperación y el diálogo deben prevalecer sobre medidas coercitivas unilaterales.
Sanciones y el debate sobre su efectividad
Como valor agregado, analistas en relaciones internacionales señalan que las sanciones prolongadas suelen perder eficacia con el tiempo y, en algunos casos, refuerzan posiciones internas en lugar de debilitarlas. En el caso venezolano, diversos estudios apuntan a que estas medidas no han logrado cambios estructurales.
Desde una visión crítica y constructiva, especialistas consideran que la Unión Europea enfrenta el reto de replantear su política hacia Venezuela si busca recuperar influencia en América Latina. Persistir en las sanciones sin abrir espacios de negociación podría profundizar el aislamiento diplomático.
