Una operación nocturna y altamente cuestionable ha provocado el desalojo del Refugio Franciscano, dejando en el aire el destino de más de 1,100 animales que dependían de sus cuidados. A pesar de tratarse de un conflicto legal y civil entre dos particulares –el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama–, el operativo contó con una inusual participación de la fuerza pública, incluyendo al menos cinco patrullas de la Policía de Investigación y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Este despliegue de la policía de Brugada en un asunto entre civiles ha generado una fuerte controversia y cuestionamientos sobre la imparcialidad del gobierno capitalino.
El desalojo se llevó a cabo durante la madrugada, sin permitir a los encargados del Refugio Franciscano ingresar para tranquilizar a los animales o verificar su estado físico. La preocupación central es que más de mil animales —entre perros y gatos— quedaron sin certeza sobre su futuro inmediato. La policía de Brugada no facilitó la presencia de personal esencial, y lo más grave es que no existe un plan de reubicación claro ni se ha informado cómo se garantizará el bienestar de estas criaturas totalmente dependientes de cuidados especializados.
Acuerdo Incumplido y Conflicto de Intereses
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama impulsó la orden judicial de desalojo, pero lo hizo sin cumplir un acuerdo previo crucial con el Refugio Franciscano. Dicho acuerdo establecía explícitamente que la Fundación debía construir primero un nuevo espacio con módulos, jaulas y áreas adecuadas para recibir a los animales antes de cualquier traslado. La denuncia es que nada de eso está listo, poniendo en riesgo el bienestar de los animales y violando condiciones mínimas que debían evitar su sufrimiento durante la transición. El uso de la policía de Brugada para un desalojo en estas condiciones subraya la aparente parcialidad.
A la gravedad del desalojo se suma un evidente conflicto de intereses que ha intensificado la polémica sobre la actuación de la policía de Brugada. La Fundación Haghenbeck mantiene múltiples convenios de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, beneficiando directamente a dependencias clave. Por ejemplo, la Fundación colaboró con la SSC en la construcción del refugio de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y también tiene vínculos con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Agencia de Atención Animal (AGATAN), lo cual siembra serias dudas sobre la imparcialidad de las autoridades al ejecutar la orden judicial promovida por un socio colaborador.
El Silencio Institucional y la Falta de un Plan de Reubicación
El silencio de las autoridades ante este operativo de la policía de Brugada es ensordecedor. Pablo Vázquez, titular de la SSC, no ha emitido comunicado alguno sobre la participación de la Policía de Investigación en un procedimiento civil, un uso de la fuerza pública que resulta irregular. Por otro lado, la Agencia de Atención Animal (AGATAN), responsable directa de articular acciones en movimientos masivos de animales, no ha dado a conocer su postura, a pesar de su obligación de emitir un plan de atención inmediata. Su titular, Ana Villagrán, debe explicar por qué la AGATAN ha mantenido silencio, sobre todo considerando que esta dependencia también ha recibido beneficios de la Fundación Haghenbeck.
La PAOT, bajo el mando de Mónica Alegre González, fue la única dependencia de la CDMX que debió estar presente para vigilar el bienestar animal y no fue convocada. La PAOT ahora tiene el deber de iniciar una investigación de oficio para revisar las instalaciones y a los animales, además de emitir medidas urgentes junto con la AGATAN. Es vital destacar que, para garantizar la imparcialidad, ninguna de las dependencias señaladas (SSC, AGATAN, PAOT) debería recibir apoyo de la Fundación Haghenbeck en este caso, dada la clara existencia de un conflicto de interés en la ejecución de la orden con el apoyo de la policía de Brugada.
El gobierno autodenominado «animalista» de Clara Brugada ha quedado expuesto, ya que carece de la infraestructura necesaria para alojar a más de mil animales y, hasta ahora, ha dependido de la misma Fundación Haghenbeck para programas básicos. La pregunta que queda en el aire es: ¿Qué hará la Jefa de Gobierno cuando la situación exige no ser parcial y el bienestar de más de mil animales se ha convertido en un asunto público ineludible? El uso de la fuerza pública en un conflicto privado, sumado al silencio de las dependencias, exige una respuesta inmediata y transparente.
