El Senado de la República aprobó la Ley General de Aguas con 68 modificaciones acordadas con organizaciones campesinas, con 82 votos a favor y 34 en contra, en una votación realizada con dispensa de trámites. Tras la aprobación general, se presentaron 25 reservas, aunque muchas fueron retiradas; las propuestas de la oposición no prosperaron.
El proyecto, que reforma, deroga y adiciona disposiciones de la anterior legislación, fue enviado al Ejecutivo para su publicación y puesta en vigor. Entre sus objetivos figura garantizar que el agua sea reconocida como un derecho humano y frenar su mercantilización, convirtiendo el recurso en un bien regulado por el Estado.
Uno de los puntos centrales de la reforma es regular la transmisibilidad de concesiones: éstas solo podrán reasignarse en casos de compraventa de propiedad, herencia o fusiones. En esos casos, la autoridad tiene un máximo de 20 días hábiles para emitir un nuevo título de concesión equivalente al original, conservando el volumen y plazo restantes. También se aclara que la venta de tierras agrícolas no implicará un cambio de uso si continúan actividades agropecuarias o acuícolas.
La ley incorpora medidas para prevenir acaparamientos del agua: la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deberá implementar un programa para controlar la concentración excesiva del recurso. Además, establece penalidades de entre tres meses y hasta 14 años de prisión para quienes realicen traslados ilegales de agua —incluyendo funcionarios en caso de abuso de autoridad.
El entorno legislativo fue tenso: hubo confrontaciones entre representantes del oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas sobre quién controla más concesiones. Partidos como Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que la reforma podría perjudicar a pequeños propietarios, al complicar la venta o herencia de tierras con concesiones de agua. A su vez, representantes del oficialismo —principalmente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) — defendieron la norma, asegurando que protege el acceso al agua y evita su uso especulativo.
