4 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. El indulto presidencial otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández (JOH), el expresidente de Honduras condenado a 45 años de prisión en EE. UU. por narcotráfico, ha generado una fuerte controversia y profundas dudas sobre la coherencia de la política antidrogas estadounidense. Hernández, quien fue señalado por fiscales de liderar un «narcoestado» en Latinoamérica y de ayudar a ingresar más de 400 toneladas de cocaína a EE. UU., fue liberado de la cárcel de Hazelton en West Virginia. Su esposa, Ana García, confirmó la noticia en redes sociales, agradeciendo el perdón presidencial de Trump. Esta decisión llega en un momento en que la administración de Trump intensifica sus ofensivas militares letales en el Caribe y el Pacífico, supuestamente contra carteles de drogas, sumando un alto número de víctimas.
Incoherencia en la Estrategia Antidrogas de EE. UU.
El indulto a una figura condenada por narcotráfico en el más alto nivel político ha sido calificado como un «mensaje horrible» por algunos analistas y miembros del propio Partido Republicano. La paradoja es evidente: por un lado, Trump amenaza con «ataques por tierra» e incluso una posible invasión a países como Venezuela, acusando a su presidente, Nicolás Maduro, de liderar un cartel de drogas. Por otro lado, libera a Hernández, un exmandatario condenado por facilitar activamente las mismas rutas de drogas. Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, señaló que esto crea una «incoherencia» en la misión, sugiriendo que la narrativa antidrogas podría estar «selectivamente motivada por razones políticas». La crítica se centra en que se utiliza fuerza letal contra traficantes de menor nivel mientras se ofrece perdón a un jefe de Estado condenado por facilitar las estructuras criminales.
El juicio contra Juan Orlando Hernández en Nueva York fue considerado una «radiografía» de un «narcoestado» moderno. Se presentaron pruebas contundentes de cómo Hernández, mientras era presidente (2014-2022) y se presentaba como aliado de Washington, hablaba en privado de «meter la droga a los gringos en sus narices». Testimonios de narcotraficantes convictos, como Alexander Ardón, detallaron cómo financiaron las campañas de Hernández e incluso cómo el líder del Cártel de Sinaloa, «El Chapo» Guzmán, aportó US$1 millón. La evidencia mostró que las fuerzas de seguridad del Estado y las obras públicas del gobierno (como el pavimentado de carreteras) se utilizaron para proteger y facilitar el tránsito de cocaína por tierra, aire y mar, rumbo a Estados Unidos.
El narcotráfico no solo implica el movimiento de drogas, sino que también está intrínsecamente ligado a la corrupción institucional a gran escala, un fenómeno conocido como «narcoestado». En un narcoestado, las instituciones del gobierno, como las fuerzas de seguridad, el poder judicial e incluso la presidencia, son infiltradas o cooptadas por organizaciones criminales para proteger sus operaciones. Esto resulta en la erosión del estado de derecho, un aumento dramático de la violencia (como la tasa de homicidios que se disparó en Honduras) y la impunidad. El caso de Juan Orlando Hernández es un ejemplo paradigmático de cómo los líderes políticos pueden usar su poder para facilitar el crimen organizado, no solo por dinero, sino también para asegurar el control político a través de fondos ilícitos y el miedo, lo cual transforma la lucha contra el narcotráfico en una lucha por la democracia y la gobernabilidad.
Las Motivaciones Detrás de la Decisión
Hernández siempre se ha declarado inocente, alegando ser víctima de una «persecución política» orquestada por la administración de Joe Biden. En una carta dirigida a Trump, comparó su situación con la del expresidente, sugiriendo que ambos fueron «atacados imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda» que conspiraron con narcotraficantes. Tras el indulto, Trump respaldó esta narrativa, calificando el proceso contra Hernández como una «horrible caza de brujas» del gobierno de Biden. Sin embargo, exfuncionarios de la administración Biden han señalado que la investigación fiscal sobre Hernández se inició y avanzó en gran parte durante el primer mandato de Trump, poniendo en duda la motivación política de la decisión.
