El gobierno de Donald J. Trump abrió una polémica convocatoria pública: busca “servicios de rastreo de personas” bajo la promesa de 180 millones de dólares para incrementar deportaciones.
Según ldiversas fuentes contratistas privados empezaron a publicar en redes ofertas: pagan 300 dólares por cada “sospechoso” localizado. Algunas firmas incluso prometen hasta 30 000 dólares en 90 días a quienes envíen ubicaciones.
Aunque oficialmente ICE no ha dicho que estos cazadores participen en los arrestos, ya hay denuncias de que empresas de seguridad privada —como G4S Secure Solutions / Allied Universal— han excedido sus funciones: han estado presentes en detenciones, a pesar de que la ley federal lo prohíbe.
Expertos y defensores de derechos civiles alertan: privatizar la persecución migratoria equivale a externalizar el uso de la fuerza a actores con escasa regulación, supervisión y rendición de cuentas —algo que puede derivar en abusos, detenciones arbitrarias o desapariciones.
La medida no solo revierte décadas de reformas de derechos humanos, sino que —con incentivos económicos por detección— crea un sistema de vigilancia masiva que afecta especialmente a comunidades vulnerables e inmigrantes sin documentación.
