El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una fuerte controversia con su reciente anuncio sobre un plan migratorio drástico. En un discurso que capta la atención internacional, Trump afirmó que, de ser elegido nuevamente, “pausará permanentemente” la migración proveniente de lo que denominó “todos los países del Tercer Mundo”. Esta propuesta, considerada radical por muchos expertos y activistas, busca reconfigurar profundamente la política de inmigración del país y representa un giro significativo en el debate sobre la migración global, prometiendo un impacto inmediato y a largo plazo en las dinámicas sociales y económicas de Estados Unidos.
Eliminación de Admisiones y Expulsión Masiva
El plan del expresidente no se limita a detener la inmigración futura, sino que también apunta a la población ya presente en territorio estadounidense. Trump anunció su intención de eliminar “millones de admisiones ilegales” que, según sus palabras, ocurrieron durante la administración de su predecesor, Joe Biden. Esto implicaría un esfuerzo masivo y sin precedentes de deportación. Además, el expresidente declaró que expulsará a “cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar” al país, términos vagos que abren la puerta a una amplia discrecionalidad en la aplicación de las políticas de migración.
La ambición del plan ha suscitado interrogantes sobre su viabilidad legal y logística. Una deportación de tal magnitud requeriría vastos recursos, cambios legislativos y la reestructuración de las agencias de control de inmigración. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos ya han expresado su preocupación por las posibles violaciones a los derechos fundamentales y los desafíos éticos que surgirían de la implementación de estas medidas de migración forzosa.
Fin a los Beneficios y Desnaturalización de Inmigrantes
Otro punto central del plan es la propuesta de poner fin a “todos los beneficios o subsidios para migrantes o refugiados”. Esta medida afectaría directamente a las redes de apoyo y asistencia social de las poblaciones recién llegadas. Adicionalmente, Trump prometió desnaturalizar, es decir, revocar la ciudadanía, a aquellos inmigrantes que, según él, “subviertan” la tranquilidad de la nación. Finalmente, declaró que deportará a cualquier persona que sea considerada una “carga o represente un riesgo”, consolidando una política de inmigración basada en la estricta utilidad económica y el riesgo percibido para la seguridad nacional.
Legal de la Desnaturalización
Es fundamental destacar que la desnaturalización, aunque mencionada en el plan de Trump, es un proceso legal extremadamente complejo y raro en la legislación estadounidense, ya que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en EE. UU. Solo puede ocurrir en casos excepcionales de fraude o tergiversación intencional durante el proceso de solicitud de ciudadanía. La implementación masiva de esta medida requeriría una redefinición radical de la ley de inmigración y probablemente enfrentaría desafíos legales inmediatos en el Tribunal Supremo, dado que el derecho a la ciudadanía es uno de los pilares del sistema legal del país, lo que subraya la dificultad práctica de aplicar esta parte del plan de migración.
