27 NOVIEMBRE 2025-TAMAULIPAS- En Tamaulipas, la imposición de una multa de 1.4 millones de pesos a una abogada por corregir un error procesal a una jueza ha generado un fuerte debate público y jurídico. El caso expone tensiones dentro del sistema de justicia oral y reaviva la discusión sobre la preparación, autonomía y límites de quienes integran el Poder Judicial. La controversia estalló después de que la jueza penal Mónica Iliana Chapa sancionó a la litigante con la multa máxima posible, una decisión inusual por su magnitud y por las circunstancias en que fue adoptada.
De acuerdo con los registros de la audiencia, la abogada señaló que la jueza había omitido una etapa esencial del proceso. Esta observación provocó irritación en la juzgadora, quien decidió imponer la sanción más alta prevista, pese a que las normas del sistema acusan escalonamientos previos antes de llegar a un castigo tan severo.
El caso ha generado revuelo por dos motivos principales: la falta de preparación técnica atribuida a ciertos juzgadores y la percepción de que algunos cargos fueron ocupados más por afinidades políticas que por méritos profesionales. La jueza involucrada fue electa en el proceso democrático más reciente, modelo que ha sido criticado por permitir que la cercanía con actores políticos pese más que la experiencia judicial.
La sanción impuesta —equivalente a cinco mil UMAs— no tiene precedentes en Tamaulipas desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Oral. Juristas consultados indicaron que el monto carece de motivación suficiente y contradice el principio de proporcionalidad que debe regir toda resolución judicial.
Durante la misma audiencia, la abogada expuso irregularidades previas que, a su juicio, afectaron directamente el debido proceso. Señaló que la jueza no individualizó correctamente a las partes ni reconoció la etapa procesal correspondiente, lo que derivó en una conducción errónea de la diligencia y la paralización injustificada del avance del caso.
La tensión aumentó cuando la jueza llamó a iniciar una nueva etapa que ya había sido superada previamente. La abogada corrigió la indicación y recordó que correspondía intervenir al Ministerio Público, comentario que molestó aún más a la juzgadora. El fiscal respaldó a la jueza y pidió que la abogada dejara de interrumpir, intensificando el conflicto y derivando finalmente en la sanción millonaria.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.
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