24 de Noviembre del 2025.- Familiares de Manuel Vásquez Caballero han denunciado públicamente que este fue brutalmente asesinado a golpes dentro del centro de rehabilitación conocido como «Fraternidad del Espíritu 4». Este establecimiento se encuentra ubicado en la agencia Vicente Guerrero, perteneciente a la Villa de Zaachila, un sitio que debería funcionar como un espacio seguro para la recuperación. La víctima se encontraba internada en ese lugar desde el pasado 23 de octubre, tras haber sido detenido durante el llamado «Operativo Pescador», una estrategia que el gobierno estatal realiza en coordinación directa con el ayuntamiento de Oaxaca para retirar a personas de las calles.
Liliana Vásquez Caballero, hermana de la víctima de 47 años, acusó a los encargados del lugar y a las autoridades de negligencia criminal. Relató que cerca de la medianoche del pasado jueves, personal de la Fiscalía General del Estado se comunicó con ella para darle la trágica noticia de que su pariente había fallecido. Al indicar que se trasladaría de inmediato al centro de rehabilitación para ver a su hermano, los agentes le señalaron que no fuera allá, sino que debía acudir a las oficinas de la fiscalía en la calle de Arista, pues ya se estaba realizando el levantamiento del cuerpo para los trámites legales.
Una vez que se completó la necropsia de ley, los resultados forenses confirmaron las peores sospechas de la familia sobre el trato recibido. Se le informó oficialmente que Manuel presentó trauma profundo de cráneo, así como golpes severos en tórax y abdomen, con una hemorragia interna intensa causada por la laceración de órganos vitales. En ese sentido, la hermana reclamó con dolor e indignación que a su hermano lo golpearon salvajemente hasta matarlo dentro de las instalaciones del centro de rehabilitación, en lugar de brindarle la ayuda que supuestamente recibiría.
Responsabilidad de las autoridades
Vásquez Caballero refirió que el ingreso de Manuel ocurrió el 23 de octubre, cuando policías municipales de la capital del estado lo trasladaron a dicho centro de rehabilitación. El argumento oficial fue que recibiría atención especializada para tratar su adicción a las drogas y mejorar su calidad de vida. Además, las autoridades prometieron que los primeros tres meses de estancia serían pagados íntegramente por el gobierno de la entidad como parte del programa social, y explicaron que, después de ese periodo subsidiado, la familia debería asumir los gastos que se generaran por el tratamiento.
La denunciante comentó con tristeza que, si bien en un principio pensó que esta medida serviría a su familiar para salir adelante y superar sus problemas, la intervención del Estado terminó costándole la vida. La familia confió en que el traslado realizado por la policía municipal garantizaba la seguridad y el bienestar de Manuel. Sin embargo, la realidad que se vivía al interior de ese centro de rehabilitación era de violencia extrema, lejos de cualquier terapia de recuperación o reinserción social efectiva para los pacientes.
Recalcó que lo más grave de este caso es que existe una responsabilidad compartida innegable entre la administración del anexo y las autoridades gubernamentales. Argumenta que fueron los funcionarios públicos quienes lo internaron ahí bajo custodia del Estado. Se supone que, si el gobierno recluye a ciudadanos en ese centro de rehabilitación específico, es porque previamente verificaron que cuentan con todos los protocolos sanitarios y la capacidad profesional para atender a personas con adicciones dignamente, y no para matarlas a golpes como si fuera una cárcel clandestina.
Acciones legales y derechos humanos
