Los senadores de las comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos han dado un paso decisivo: con 33 votos favorables y sin oposición, aprobaron el dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Según esta propuesta, quienes cometan extorsión podrían enfrentar penas de hasta 42 años de prisión, una señal clara del endurecimiento del marco penal.
Uno de los cambios más destacados apunta directamente a la responsabilidad de quienes deben detener estos crímenes: funcionarios penitenciarios, policías y ministerios públicos que faciliten o no eviten la extorsión pasarían de una pena de 6 a 12 años si se comprueba su complicidad. Este ajuste forma parte de una revisión exhaustiva de la minuta original enviada por la Cámara de Diputados, que implicó modificaciones a 15 artículos.
Además, la ley contempla mecanismos para frenar uno de los principales orígenes de las extorsiones: las llamadas desde cárceles. Se establecen procedimientos específicos para inhibir estas comunicaciones, lo que podría debilitar uno de los canales más lucrativos para las bandas criminales. Al mismo tiempo, la propuesta refuerza los derechos humanos de las víctimas, garantizando atención especializada, juicios remotos y la posibilidad de denuncias anónimas.
El respaldo no solo viene desde el partido mayoritario. Bancadas de oposición también mostraron su apoyo al dictamen. La senadora Carolina Viggiano (PRI) subrayó que, pese a sus diferencias con la iniciativa original que presentó, la prioridad es reducir la impunidad. Por su parte, la legisladora Guadalupe Murguía (PAN) advirtió que la extorsión se alimenta del silencio de las víctimas y hasta ha generado lo que ella llamó “un esquema tributario paralelo”.
¿Por qué es urgente esta ley? Según la representante panista, la cifra negra de extorsión es del 97 %, es decir, solo un porcentaje mínimo de los casos reales llegan a denunciarse formalmente. Con esta nueva legislación, se pretende unificar el tipo penal en todo el país y coordinar las labores de prevención e investigación entre las autoridades federales y locales.
En cuanto a la operatividad para las víctimas, la ley propone la creación de centros de atención ciudadana, donde las personas afectadas podrán asesorarse y darle seguimiento a sus denuncias. También habrá una línea nacional (el 089) para presentar denuncias sin necesidad de que la víctima revele su identidad, lo que podría alentar a quienes ahora callan por miedo o vergüenza.
Este dictamen aprobado en comisiones ahora pasará al pleno del Senado para su discusión. Si se convierte en ley, representará un cambio importante en la forma como México aborda un delito que, según muchos expertos, ha sido demasiado tolerado. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para combatir la extorsión? Te invitamos a seguir al tanto en nuestra página para conocer los siguientes pasos: análisis, posibles debates y cómo podrían reaccionar los estados frente a esta norma.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.