La Justicia de Perú anunciará este viernes si acepta el pedido de la Fiscalía para que dicte 28 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente asilada en México e investigada por presuntamente integrar una organización corrupta en el Gobierno peruano.
La resolución será leída, en una audiencia programada desde las 16:00 h por el juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, que escuchó en las últimas semanas los argumentos del fiscal José García y la defensa de los implicados en este caso.
El pasado lunes, el fiscal aseguró que el asilo que ha recibido Paredes puede afectar el proceso y abrir la posibilidad de que otros investigados de su entorno, entre ellos sus hermanos Walter y David, puedan solicitar una medida similar.
Este extremo fue rechazado por los abogados de los investigados, quienes aseguraron que sus defendidos cuentan con trabajo estable y arraigo domiciliario en su país, además de haber acudido a todas las citaciones de la Judicatura peruana.
Durante una audiencia anterior, García aseguró que Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión y que se le atribuye ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado.
La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
Paredes, quien está asilada en México junto con sus dos hijos menores de edad, participó de manera virtual en la audiencia del lunes pasado, donde rechazó haber integrado una organización criminal o cometido algún delito.
El juez Justiniano ya rechazó en marzo pasado un primer pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar “fundada la nulidad” de la solicitud fiscal, que fue presentada por los abogados de la ex primera dama y sus hermanos, investigados por presunta colusión y organización criminal.
En ese momento, el juez dijo que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.
El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo emprendió camino hacia la Embajada de México con su esposa y sus hijos, pero fue detenido en el camino, aunque sus familiares sí lograron llegar a la representación diplomática y luego recibieron asilo del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Con información de EFE
