La liberación de Kevin ‘N’, previamente sentenciado a más de 62 años de prisión por el feminicidio de su suegra, Enedelia García, ha generado preocupación y molestia entre familiares y colectivos en el Estado de México. El Tribunal de Alzada de Texcoco determinó el 12 de noviembre que no existían elementos suficientes para sostener el fallo condenatorio emitido en agosto, por lo cual ordenó su inmediata libertad. La decisión ha provocado cuestionamientos sobre la actuación del sistema judicial mexiquense.
De acuerdo con el expediente del caso, Kevin ‘N’ había sido considerado responsable del feminicidio ocurrido en mayo de 2023 en el municipio de Chalco. Tras su liberación, salió del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco sin que la familia de la víctima recibiera aviso previo. Esta falta de notificación ha sido criticada por especialistas en derechos humanos, quienes señalan que estos procedimientos deben garantizar la seguridad de la familia afectada.
Familia exige protección y revisión del fallo
Paola, hija de Enedelia, ingresó un amparo con el fin de que se les otorgue protección ante el temor fundado de represalias por parte del presunto agresor. También solicitó que se revise nuevamente la resolución que permitió la liberación de Kevin ‘N’, pues considera que el Tribunal ignoró pruebas que sí fueron valoradas en el juicio inicial. Organizaciones feministas se han sumado al llamado, señalando que este tipo de fallos envían mensajes negativos sobre la atención a los casos de violencia contra mujeres.
La familia asegura que temen por su integridad, ya que previamente habían recibido amenazas relacionadas con el proceso judicial. Colectivos de víctimas de feminicidio han pedido intervención directa de la Fiscalía mexiquense para garantizar medidas de protección, así como una explicación detallada del criterio utilizado por los magistrados para revertir una sentencia ya dictada. El caso ha comenzado a despertar protestas en redes sociales y llamados a movilizaciones.
Críticas al sistema de justicia en Edomex
especialistas en derecho penal señalan que este caso es ejemplo de inconsistencias recurrentes en el sistema judicial del Edomex, uno de los estados con mayor número de feminicidios en el país. De acuerdo con datos de organizaciones civiles, al menos el 35% de las sentencias por feminicidio en la entidad han sido impugnadas en segunda instancia, y en varios casos se han reducido penas o revertido decisiones pese a la existencia de pruebas contundentes. Analistas advierten que errores procedimentales suelen ser aprovechados por defensas para obtener beneficios procesales.
Colectivos han pedido que se realice una investigación interna para determinar si hubo omisiones en la integración del caso o irregularidades en el análisis del Tribunal de Alzada. Además, consideran urgente fortalecer la capacitación de operadores judiciales en perspectiva de género para evitar que resoluciones como esta sigan vulnerando a víctimas y familias. La Fiscalía aún no define si impulsará un recurso adicional para tratar de revertir la liberación.
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