El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés condenó este lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a pena de muerte, tras declararla culpable de crímenes de lesa humanidad. La sentencia fue emitida en ausencia, pues Hasina vive en exilio en la India desde su salida del poder en agosto de 2024.
Según el tribunal, Hasina fue responsable de coordinar una brutal represión durante las protestas estudiantiles del verano de 2024, ordenando el uso de drones, helicópteros y armas letales para sofocar las manifestaciones. Se le imputaron cargos por asesinato, tortura, incitación a la violencia y otros delitos graves contra manifestantes desarmados.
En el proceso también se valoró una condena previa: el tribunal ya había sentenciado a Hasina a cadena perpetua por otras acusaciones relacionadas con su gobierno, pero ahora añadió la pena capital como castigo por los cargos más graves. El juez que dictó la sentencia fue Golam Mortuza Mozumder, quien justificó la decisión por la magnitud del sufrimiento causado.
La ONU estimó que hasta 1,400 personas murieron durante esa ola de protestas, cifra que ha sido usada por la fiscalía para sustentar la gravedad de los crímenes imputados. Por su parte, el gobierno interino de Bangladés, liderado por Muhammad Yunus, aseguró que esta sentencia refleja que “nadie, por más poder que haya tenido, está por encima de la ley”.
Hasina, de 78 años, ha rechazado los cargos y denunciado que el juicio estuvo viciado por motivaciones políticas, acusando al tribunal de actuar como una herramienta de las nuevas autoridades para debilitar a su partido, la Liga Awami. Además, su defensa advierte que la extradición desde India —donde está refugiada— podría ser complicada por tratados que no aplican en casos que consideran “delitos políticos”.
El fallo desata una crisis diplomática de alto riesgo: el gobierno interino ya ha solicitado formalmente a la India que entregue a Hasina para cumplir la condena, pero la aplicación del tratado de extradición es incierta. A su vez, analistas internacionales advierten que esta sentencia podría tener repercusiones profundas en la estabilidad política de Bangladés, justo antes de elecciones programadas, y alimentar tensiones sociales en un país polarizadoUn tribunal especial en Daca, Bangladés, ha dictado una sentencia sin precedentes: la ex primera ministra Sheikh Hasina, de 78 años, ha sido condenada a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad, por lo que podría enfrentar la máxima sanción en ausencia. La decisión se anunció tras un juicio llevado a cabo por el Tribunal Internacional de Crímenes (ICT), que la encontró culpable de su papel en la severa represión a las protestas estudiantiles de 2024.
El tribunal acusó a Hasina de haber coordinado una violenta represión que incluyó el uso de drones, helicópteros y fuego letal, con el fin de sofocar un levantamiento que sacudió al país. A su juicio fueron presentadas múltiples pruebas que la vinculaban con asesinatos, torturas y la omisión deliberada de prevenir abusos por parte de sus fuerzas de seguridad, especialmente contra estudiantes.
Antes de esta condena, Hasina ya había recibido una sentencia de prisión perpetua por otros cargos relacionados con su anterior mandato. Pero el juez Golam Mortuza Mozumder declaró que por los nuevos cargos —considerados los más graves— era imprescindible dictar la pena capital, dada la escala del daño cometido.
Organismos internacionales como la ONU han criticado la represión de julio y agosto de 2024, estimando que murieron hasta 1,400 personas, aunque hay divergencias sobre las cifras exactas. El gobierno interino —liderado por Muhammad Yunus— justificó la condena como un acto de justicia histórica, asegurando que esta decisión demuestra que ni la figura más poderosa está exenta de rendir cuentas.
Desde su exilio en India, Hasina ha denunciado el veredicto como una maniobra política que busca deslegitimar a la Liga Awami, su partido histórica. Su defensa también argumenta que el tratado de extradición entre India y Bangladés no aplica en este caso, pues podría tratarse de un delito considerado “político”, lo cual complicaría su entrega para cumplir la condena.
