14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Las investigaciones tras el trágico asesinato de alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, han tomado un giro aún más sombrío. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó nueva información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) que involucra el hallazgo sin vida de dos presuntos implicados más en el crimen. Los cuerpos fueron localizados en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho, a la altura del municipio de Capácuaro. Lo más alarmante, y que subraya la crudeza del crimen organizado en la región, es que uno de los dos fallecidos tenía apenas 16 años de edad.
Vínculo Directo con el Homicidio y Ejecución de Menores
El hallazgo de estos dos cuerpos ocurrió el lunes 10 de noviembre de 2025, tan solo nueve días después del ataque fatal contra el edil en plena plaza principal de Uruapan durante una celebración de Día de Muertos. El gobernador Ramírez Bedolla detalló que la FGE michoacana pudo verificar la participación de los dos jóvenes ejecutados en Capácuaro, confirmando que ambos acompañaban al autor material del asesinato de alcalde al momento de la agresión a balazos contra el presidente municipal. La rápida ejecución de estos presuntos implicados sugiere un posible ajuste de cuentas o intento de silenciar la investigación.
Ramírez Bedolla fue enfático en señalar que el primer agresor abatido la misma noche del ataque, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, tenía 17 años, y uno de los nuevos implicados hallados sin vida tenía 16. Esta situación, donde dos adolescentes están directamente ligados y mueren en el marco del asesinato de alcalde, obliga a las autoridades a examinar de fondo el grave problema del reclutamiento criminal en Michoacán. El mandatario destacó que esta práctica es común en zonas donde operan grupos dedicados a la extorsión y el control territorial, utilizando a menores por su vulnerabilidad legal y social.
La alarmante participación de menores de edad en el asesinato de alcalde y la posterior ejecución de al menos dos de ellos, confirma la brutalidad y el cinismo con el que operan los cárteles en Michoacán. El reclutamiento forzado o por cooptación de adolescentes y niños no solo es un delito, sino que constituye una violación masiva de derechos humanos. Los menores son usados como «carne de cañón» por su inimputabilidad penal, pero al ser descubiertos, son desechados y silenciados sin piedad, como lo demuestran estos macabros hallazgos. Esto exige que el «Operativo Paricutín» no solo se enfoque en la contención de la violencia, sino también en programas urgentes de rescate social y prevención del delito juvenil.
A la par de la confirmación de los nuevos hallazgos, el gobernador retomó una de las dudas centrales que persisten desde el día del ataque: las circunstancias en las que el agresor de 17 años fue abatido. La FGE Michoacán mantiene una línea de investigación abierta para esclarecer el uso de fuerza por parte de los escoltas municipales. Bedolla explicó que el homicida fue abatido después de haber sido detenido, durante un forcejeo donde se produjo un solo disparo. «Eso también se está investigando», afirmó el gobernador, asegurando que la FGE se mantendrá transparente en torno a la actuación de los elementos de seguridad.
La complejidad del caso se incrementa al saber que el alcalde Carlos Manzo contaba con un robusto esquema de seguridad. El gobernador confirmó que el edil tenía asignados ocho escoltas personales de la policía municipal, además de 14 elementos de la Guardia Nacional (GN) en sus primeros círculos de seguridad. A pesar de este despliegue, el asesinato de alcalde pudo concretarse en un evento público, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de los protocolos de protección y las posibles fallas en el esquema de seguridad asignado.
