El Kremlin expresó este viernes su preocupación ante la reciente operación militar lanzada por Estados Unidos en el Caribe, advirtiendo sobre el riesgo de desestabilización en la región y en torno a Venezuela. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que Moscú espera que Washington actúe con responsabilidad y respete el derecho internacional, pese a que este —según afirmó— atraviesa un “estado lamentable” en varias partes del mundo.
Las declaraciones se producen tras el anuncio del Pentágono sobre la ‘Operación Lanza del Sur’, presentada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, como una misión destinada a “eliminar a narcoterroristas en el hemisferio” y frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Este despliegue militar, que incluye buques, submarinos, aviones de combate y tropas, ha generado inquietud internacional por su escala y posibles implicaciones geopolíticas.
Desde agosto, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha contra el narcotráfico. Durante este periodo, fuerzas estadounidenses han realizado varios bombardeos contra presuntas embarcaciones cargadas con drogas en el mar Caribe y el Pacífico, acciones que han dejado más de 70 fallecidos. Paralelamente, Washington acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico, sin presentar pruebas que respalden la acusación.
Ante estas operaciones, Caracas ha rechazado tajantemente la narrativa estadounidense, asegurando que se trata de un “falso pretexto” para justificar agresiones contra la nación bolivariana. Maduro denunció que Washington impulsa una campaña de desprestigio con fines de “cambio de régimen” y con el objetivo de apoderarse de la riqueza petrolera de Venezuela. Según el mandatario, estas acciones forman parte de una estrategia repetida en múltiples ocasiones para intervenir políticamente en el país.
La ofensiva militar estadounidense también ha provocado reacciones regionales e internacionales. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó los ataques contra embarcaciones como “ejecuciones extrajudiciales”, señalando que violan estándares básicos de derechos humanos. Las críticas se han acumulado mientras continúan saliendo a la luz imágenes y reportes sobre la destrucción de pequeñas lanchas sin procesos judiciales previos.
