14 NOVIMBRE 2025-NACIONAL-Un cementerio clandestino continúa operando a plena vista en un callejón cercano al panteón de Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón, pese a las denuncias vecinales y los sellos de suspensión del Instituto de Verificación Administrativa. Detrás de un portón con calaveras de metal, el sitio revela cruces, coronas y fosas visibles que muestran al menos tres inhumaciones realizadas entre mayo y noviembre de este año. Habitantes de la zona aseguran que esta actividad irregular avanza sin control, a pesar de los múltiples avisos enviados a autoridades locales y ambientales.
A lo largo de 2023 y 2024, los residentes enviaron reportes a la alcaldía Cuajimalpa, la Sedema, el Invea, la PAOT y dependencias del gobierno central. Sin embargo, señalan que ninguna institución ha detenido la operación del cementerio clandestino. Informan que, incluso con los sellos oficiales aún colocados, continúan observando movimiento de personas y arreglos dentro del predio, lo que incrementa la molestia y la incertidumbre entre quienes viven en el área.
En un oficio interno, autoridades de Cuajimalpa confirmaron que no existe registro de permisos para un panteón en esa ubicación. Aun así, las obras no se han frenado y, de acuerdo con testimonios vecinales, el presunto responsable, Guillermo Pérez Molina, incluso habría ofrecido alrededor de 200 lotes por 35 mil pesos cada uno. La falta de acreditación de la propiedad del terreno y la ausencia de permisos de construcción hacen aún más opaca la situación.
José Rosales, habitante de la zona, narró que una de las primeras irregularidades ocurrió en abril de 2024, cuando trabajadores ingresaron al área para talar árboles a tempranas horas. En pocos meses, ya se habría eliminado cerca de 40 ejemplares, lo que provocó una denuncia formal ante la Sedema por posible violación ambiental. Los residentes consideran que esta tala fue clave para despejar el predio y avanzar con el acondicionamiento del cementerio clandestino.
Graves inconsistencias normativas fueron señaladas por miembros del Consejo del Pueblo, quienes mostraron documentos que indican que el terreno cuenta con uso de suelo habitacional agrícola, sin autorización para actividades mortuorias. También expusieron que existen notificaciones de la PAOT y la Sedema que prohíben establecer cementerios en esa zona. Dichas normas establecen sanciones de hasta nueve años de prisión y multa económica para quienes incurran en este tipo de actividad ilícita.
