El gobierno de Donald Trump lanzó la convocatoria para establecer un Centro Nacional de Llamadas cuyo objetivo central es localizar, frenar el tránsito, detención y posible deportación de menores migrantes no acompañados que ingresan a Estados Unidos. Este sistema, previsto para arrancar con capacidad operativa plena antes de junio de 2026, operará a nivel nacional y se basará en colaboración entre entidades federales, estatales y privadas.
El centro estará ubicado en la zona metropolitana de Nashville, Tennessee, y ofrecerá soporte técnico, enlaces con bases de datos de seguridad, e incluso operará durante todos los días del año, con tres turnos de ocho horas cada uno. Según los documentos oficiales, se espera que procese entre 6 000 y 7 000 llamadas diarias, lo que evidencia la magnitud de la operación que el gobierno pretende montar para el control de menores extranjeros no acompañados.
La estrategia se inserta en un contexto de creciente número de menores migrantes que cruzan solos la frontera desde México y Centroamérica. Por ejemplo, entre enero y noviembre de 2024 se reportaron más de 28 000 menores mexicanos deportados por las autoridades estadounidenses, una cifra que representa un aumento significativo respecto a años previos. Las autoridades explican que la combinación de violencia, pobreza y falta de oportunidades empuja a muchos niños a emprender el cruce solos.
El programa ha generado fuertes críticas de organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, que alertan sobre los riesgos para la integridad física y emocional de los menores, así como sobre la posibilidad de que medidas operativas de este tipo vulneren garantías fundamentales relativas al debido proceso, la protección de la infancia y la condición de refugiado o solicitante de asilo. Además, el hecho de que la contratación externa del centro minimice la presencia de empleados federales —cediendo buena parte de tareas a proveedores privados— refuerza los cuestionamientos sobre transparencia y supervisión.
Con esta iniciativa, el gobierno estadounidense busca reforzar su política migratoria bajo el argumento de “ordenar” los cruces fronterizos, contener la “crisis” de menores no acompañados y desincentivar nuevos intentos de entrada irregular. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de su implementación rigurosa, del respeto a estándares internacionales de protección infantil y de la capacidad de coordinación entre las entidades que participan. A pesar de su ambición tecnológica y logística, críticos insisten en que una política migratoria integral debe combinar seguridad con garantías de derechos humanos y soluciones de largo plazo.
