11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Un grupo de doce campesinos de Guanajuato acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Irapuato para rendir su declaración ministerial. Los labriegos fueron citados a comparecer antes de la una de la tarde de este lunes, en relación con los bloqueos carreteros que realizaron en el estado como medida de presión para exigir precios de garantía para sus cosechas. La presencia de los campesinos ante la autoridad federal se debe a que son acusados de ataques a la vía de comunicación, un delito grave que, de acuerdo con la ley, puede castigarse hasta con seis años de prisión.
La comparecencia se realiza luego de una serie de intensas movilizaciones en Guanajuato. En la última semana de octubre se reportó el bloqueo de 39 tramos carreteros, y la protesta se extendió a la primera semana de noviembre con 11 bloqueos más. A pesar de la gravedad de la acusación, los campesinos decidieron acudir de manera voluntaria, pues como señaló el líder del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), Mauricio Pérez: “Decidimos venirnos un poco más temprano. No queremos nosotros desacatar una invitación que nos hacen… Al final de cuentas, pues no somos criminales, no tenemos empacho en comparecer”.
El Bloqueo como Respuesta a la Injusticia
Mauricio Pérez, líder del MAC, defendió la acción de los campesinos, explicando que el bloqueo de carreteras fue una medida extrema y una respuesta directa a la injusticia y a las difíciles condiciones que enfrentan en el campo. Aunque reconoció la molestia que pudieron causar a la ciudadanía, el líder agrario comentó que tuvieron “cierta armonía con la sociedad” al realizar aperturas intermitentes en los bloqueos, procurando no paralizar totalmente las vías de comunicación. Pérez expresó un irónico agradecimiento a las autoridades por hacerles «gastar en abogados», pero mantuvo la esperanza en la comprensión del gobierno ante su situación.
El delito que se les imputa a los campesinos es la obstrucción de vías federales de comunicación, un tema que se rige por el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Dicho artículo contempla penas de tres meses a seis años de cárcel y multas económicas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien interrumpa el tránsito o la operación de los servicios de peaje «para obtener un lucro». Será tarea de sus abogados demostrar que la motivación de los campesinos no fue económica, sino la exigencia de mejores condiciones para su trabajo en el campo.
Afortunadamente, las movilizaciones y los esfuerzos de los campesinos ya han tenido una respuesta positiva por parte de las autoridades. Se logró concretar un apoyo federal de 800 pesos por tonelada de maíz y un apoyo estatal adicional de 150 pesos por tonelada, lo cual ayuda a sostener el precio del maíz en la región. Sin embargo, los labriegos consideran que este apoyo, aunque significativo, no es suficiente para cubrir los costos de producción y garantizar una ganancia justa por su trabajo.
La lucha de los campesinos continúa, pues el líder del MAC reveló que, a pesar de los citatorios de la FGR, tienen previstas más negociaciones. En el transcurso de la tarde, se esperaba una comunicación telefónica con algunas empresas harineras de maíz, buscando mejorar aún más los precios de compra. Además, tienen agendada una reunión de trabajo con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán. Estos encuentros buscan consolidar un apoyo más robusto para los campesinos de Guanajuato y evitar futuras movilizaciones que impliquen riesgos legales y sociales.
La Economía del Maíz y el Precio de Garantía
