7 de Noviembre del 2025.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso peruano ha dado un paso clave al aprobar el informe final que recomienda la inhabilitación por un periodo de 10 años del expresidente Pedro Castillo. Esta medida, que también afecta a la expremier Betssy Chávez, asilada en México, y al exministro del Interior Willy Huerta, responde a su participación en el fallido golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. El objetivo de esta sanción es frenar las futuras aspiraciones electorales de los implicados en dicho acto.
La votación a favor de esta inhabilitación fue contundente dentro de la subcomisión. Contó con el respaldo de diez congresistas: Lady Camones, Jorge Montoya, Ana Zegarra, Karol Paredes, Arturo Alegría, Martha Moyano, Patricia Juárez, María Acuña, Elvis Vergara y Patricia Chirinos, aunque esta última expresó ciertas reservas. Este bloque consideró que las pruebas y los argumentos eran suficientes para proceder con la recomendación de sanción política contra los exfuncionarios.
Por otro lado, la propuesta de inhabilitación encontró una férrea oposición en los legisladores de bancadas de izquierda. Los congresistas Elías Varas, María Taipe y Pasión Dávila emitieron sus votos en contra. Durante el intenso debate, estos parlamentarios argumentaron que el proceso se trataba de una «venganza» política. Además, intentaron desviar la discusión introduciendo temas ajenos a la denuncia constitucional, como supuestas irregularidades en la vacancia y detención de Castillo.
Ante estos señalamientos, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la apepista Lady Camones, defendió la legitimidad del trabajo realizado. Camones negó categóricamente que se trate de una persecución política y desmintió las afirmaciones de los congresistas opositores. Fue enfática al precisar que el juicio político que se lleva en el Congreso es un proceso independiente y paralelo al proceso penal que enfrenta Castillo en la justicia ordinaria.
El caso de Roberto Sánchez
No todos los exministros enfrentaron la misma suerte. El informe final aprobado por la subcomisión también recomendó desestimar la denuncia constitucional contra Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior. Por lo tanto, el congresista no será sometido al proceso de inhabilitación de la función pública. Esta decisión permite que Sánchez mantenga sus derechos políticos intactos y pueda postular a la presidencia por su partido, Juntos por el Perú.
La justificación para salvar a Sánchez de la inhabilitación política se basa en una decisión judicial previa. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya lo había excluido del proceso penal por el golpe de Estado. Los jueces supremos determinaron que los hechos imputados a Sánchez por la Fiscalía no encajaban en el delito de rebelión, declarando fundada su excepción de improcedencia de acción, lo que blindó su situación en el fuero parlamentario.
La vía penal sigue su curso
Mientras avanza el juicio político, el proceso penal contra Pedro Castillo entra en su recta final. En una audiencia reciente, la Fiscalía reafirmó su drástica solicitud de 34 años de prisión para el exmandatario. Este pedido se desglosa en 25 años por el delito de rebelión, 3 años por abuso de autoridad y 6 años adicionales por grave perturbación de la tranquilidad pública, reflejando la seriedad de los cargos en su contra.
El fiscal adjunto supremo, Edward Casaverde, también planteó un escenario alternativo durante sus alegatos finales. Si el tribunal decidiera recalificar el delito de rebelión a conspiración, la pena solicitada para Castillo se reduciría a 19 años y 30 días de prisión. Esta recalificación también beneficiaría a otros acusados como Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta, para quienes la Fiscalía pediría 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, en lugar de los 15 y 25 años pedidos originalmente.
