7 NOVIEMBRE 2025-NACIONAL-Una fuerte polémica se generó luego de que el sacerdote Alfredo Gallegos, conocido como “El Padre Pistolas”, amenazara públicamente a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennisse García Muñoz Ledo, durante una celebración religiosa en Michoacán. En su mensaje, el sacerdote expresó su inconformidad con el proyecto del Acueducto Solís-León y lanzó insultos y amenazas directas contra la mandataria estatal. El hecho causó indignación y abrió un debate sobre los límites del discurso público y la violencia política hacia las mujeres.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, condenó las declaraciones del sacerdote y pidió no tolerar ninguna forma de agresión, ni física ni verbal, contra las mujeres. Además, hizo un llamado a mantener una conversación pública sin machismo, racismo ni clasismo, destacando que el respeto debe ser la base del diálogo político. Sus declaraciones se sumaron a una serie de reacciones que coincidieron en la necesidad de erradicar los discursos de odio en cualquier espacio.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó su solidaridad con la gobernadora de Guanajuato y pidió que se investiguen las amenazas. La legisladora aseguró que este tipo de hechos no deben minimizarse ni normalizarse, ya que representan una forma de violencia política que atenta contra el ejercicio de las mujeres en cargos públicos. Recordó que las instituciones tienen la obligación de garantizar un entorno libre de agresiones para todas las funcionarias.
Amenazas a la gobernadora
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) también expresaron su respaldo a la mandataria estatal mediante un comunicado oficial, en el que condenaron las declaraciones del sacerdote. En el texto, los legisladores señalaron que las amenazas contra mujeres líderes representan un agravio personal y político, y subrayaron que México necesita diálogo, no intimidación. Reiteraron su apoyo a la gobernadora y aseguraron que “no está sola”, destacando su valentía y compromiso en el desempeño de su cargo.
Ante la polémica, Libia Dennisse García declaró que lamenta lo sucedido, pero aclaró que no presentará una denuncia legal, al considerar que no vale la pena “perder su tiempo” en un proceso de esa naturaleza. Afirmó que seguirá trabajando y condenando cualquier caso de violencia hacia las mujeres, sin dejar que las amenazas la distraigan de sus responsabilidades como gobernadora. Además, insistió en que la crítica pública no debe convertirse en agresión ni en instrumento de odio político.
En su declaración, la gobernadora subrayó que el incremento en la participación femenina en la vida pública ha traído consigo una mayor exposición a los ataques y la violencia verbal. Explicó que, aunque la crítica es parte de la política, el límite debe establecerse cuando las diferencias se transforman en amenazas o en intentos de intimidación. Su postura ha sido vista como una muestra de firmeza y mesura ante una situación que generó amplias reacciones sociales.
Este caso reavivó la discusión sobre la protección legal hacia las funcionarias que enfrentan amenazas por motivos de género. En México existen protocolos específicos para atender este tipo de casos, que incluyen medidas cautelares, protección física y acompañamiento psicológico. También pueden intervenir autoridades como la Fiscalía especializada en delitos de género o la autoridad electoral si se considera que la agresión forma parte de un acto de violencia política. Estas herramientas buscan garantizar que las mujeres puedan ejercer sus funciones sin miedo y con plena libertad.
