8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha provocado una fuerte inconformidad en el sector productivo de Chihuahua. Agricultores, ganaderos y fruticultores del estado advierten que la propuesta representa una «regresión» que pone en grave riesgo la propiedad rural y el futuro del campo, ya que amenaza los derechos adquiridos sobre las concesiones de agua. La respuesta ha sido inmediata, con manifestaciones, reuniones informativas y el anuncio de acciones legales, incluyendo un amparo contra la nueva legislación.
El Riesgo de Perder el Valor de la Tierra sin Agua
La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), presidida por Álvaro Iván Bustillos Fuentes, ha expresado su profunda preocupación por las implicaciones de la reforma, especialmente para los ganaderos con pozos pecuarios. El líder ganadero fue categórico al señalar que la ley es tan perjudicial que, sin los títulos de agua vinculados a la tierra, “nuestros ranchos no valdrían nada”, comparando el efecto de la reforma con una «nueva reforma agraria» que empobrecería a los propietarios.
El Punto Central de la Inconformidad
El principal problema que los productores ven en la propuesta radica en que prohíbe transferir las concesiones de agua junto con la tierra al momento de vender una propiedad. Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, lo resumió de forma cruda: “¿Cuánto vale un rancho de manzanas sin agua? No vale nada”. Esta regresión legal, según los productores, tiene la intención oculta de «empobrecernos para que después las grandes empresas compren barato».
Los productores advierten que esta nueva legislación no solo devalúa su patrimonio, sino que facilita la concentración de la tierra y del agua en manos de corporaciones, un retroceso en materia de justicia social. La sospecha de los inconformes es que, una vez que el rancho pase a manos de una gran empresa o corporación, sí se le restituirá la concesión de agua. El líder del Frente, “Yako” Rodríguez, acusó que las empresas, al ser «personas morales que no se mueren, tendrán el agua para siempre», eliminando a los productores familiares.
Esta preocupación llevó a varios agricultores a manifestarse en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua. Aunque el director local, Román Alcántar Alvídrez, defendió la iniciativa argumentando que las concesiones no desaparecerán, sino que deberán renovarse a favor del nuevo propietario si el uso es agrícola, los productores cuestionaron la necesidad de tener que demostrar el uso del recurso que han generado por años.
Los inconformes señalan que la esencia de la reforma es regresiva y viola el artículo primero de la Constitución, el cual exige que todas las leyes sean progresivas y protejan los derechos adquiridos. Al eliminar la transferibilidad de las concesiones de agua, los productores sienten que se les está despojando de un derecho patrimonial fundamental. Es por ello que el Frente Nacional ya prepara un amparo que será presentado ante el Poder Judicial tan pronto como la reforma sea aprobada, con el fin de detener la entrada en vigor de lo que consideran una ley anticonstitucional.
Productores frutícolas del noroeste del estado han sido enfáticos al advertir sobre el desastre económico inminente: la aprobación de la reforma desplomaría inmediatamente el valor de las tierras agrícolas. Un rancho con sistemas de riego e inversión de generaciones que hoy vale 50 millones de pesos, sin el derecho al agua, “no vale nada”, señalaron. La única posibilidad de venta sería para los grandes empresarios que, en su perspectiva, sí recibirán las concesiones, evidenciando la intención de concentrar el control del recurso.
El Contexto de la Escasez Crítica en Chihuahua
La inconformidad y la reacción legal de los productores deben entenderse en el contexto de la escasez de agua crónica que padece Chihuahua, un estado mayoritariamente desértico. Los títulos de concesión en este estado no son un simple permiso administrativo, sino el factor de producción más valioso, especialmente tras la crisis de sequía y los conflictos por la entrega de agua a Estados Unidos (Tratado de 1944). Al desvincular el derecho al agua de la propiedad de la tierra, la reforma propuesta convierte un bien escaso y valioso en un privilegio negociable para las corporaciones, intensificando el riesgo de la privatización de facto y la inseguridad hídrica de miles de familias rurales, elevando el conflicto a un nivel de soberanía alimentaria y territorial.
