6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el “Plan Integral Contra el Abuso Sexual y Justicia para la Mujer”, una iniciativa ambiciosa que busca reformar el sistema legal para combatir la violencia de género. El anuncio se hizo este jueves 6 de noviembre durante la conferencia matutina. El objetivo principal es fortalecer la atención, la denuncia y la procuración de justicia para las mujeres, además de impulsar un cambio cultural que elimine por completo la normalización de la violencia de género en la sociedad mexicana.
Homologación Legal, Clave para la Justicia
Uno de los pilares del Plan es la homologación de la legislación penal a nivel nacional. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que, actualmente, el delito de abuso sexual no se tipifica de manera uniforme en el país. Mientras 19 entidades ya cuentan con criterios amplios y agravantes para sancionarlo, hay cuatro estados donde la definición de abuso sexual no es clara y nueve más donde el tipo penal es débil.
El principal objetivo de esta armonización es lograr que el abuso sexual sea considerado un delito grave y se sancione de forma homogénea en todas las entidades federativas. Esto no solo busca endurecer las penas, sino también simplificar los procesos de denuncia para las víctimas. La presidenta Sheinbaum ha solicitado buscar los mecanismos para que las denuncias sean mucho más ágiles y permitan a las mujeres acceder a la justicia de manera más rápida y efectiva.
El Plan Integral contra la Violencia de Género no se limita a reformas legales, sino que incluye una estrategia social y de capacitación. Se pondrán en marcha campañas de sensibilización y prevención dirigidas tanto a mujeres como a hombres, buscando erradicar las arraigadas conductas machistas. Además, el Gobierno de México buscará fortalecer la capacitación de ministerios públicos, jueces y fiscales, dotándolos de una necesaria perspectiva de género para el manejo de casos.
A esto se suma la implementación de protocolos contra el acoso y el abuso sexual específicamente en el transporte público, uno de los espacios donde las mujeres son más vulnerables. La Secretaría de las Mujeres está trabajando de la mano con los congresos locales y el Congreso de la Unión para avanzar en la armonización de los códigos penales y asegurar que todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia, gocen de la misma protección jurídica.
El Contexto de Impunidad y la Urgencia del Plazo
La urgencia de tipificar el abuso sexual como delito grave y homologar las leyes se da en un contexto de alta impunidad. Según datos de organizaciones civiles, en México, menos del 10% de los delitos sexuales se denuncian y, de estos, un porcentaje muy bajo llega a sentencia, lo que alimenta la revictimización de las mujeres. La fecha clave del Plan, el 13 de noviembre, cuando se realizará una reunión con las presidentas de las Comisiones de Género de los congresos estatales, es crucial. Esta reunión marca el inicio de una coordinación legislativa para que el cambio no tarde meses o años, sino que se implemente de manera expedita para frenar la alta tasa de impunidad en los casos de violencia contra la mujer. La acción rápida del gobierno busca capitalizar el impulso político actual para lograr la justicia que ha sido negada por años.
El Plan Integral define claramente qué comprende el abuso sexual bajo el marco federal. De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal Federal, se incluyen actos como tocamientos obscenos, obligar a presenciar actos sexuales o exhibir el cuerpo de la víctima. Las penas actuales oscilan entre seis a diez años de prisión y multas, que pueden agravarse significativamente cuando existe violencia física, o cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
La meta final es asegurar que las mujeres mexicanas tengan la misma protección jurídica, eliminando las diferencias regionales que permiten la impunidad en ciertos estados. El Gobierno Federal se compromete a no solo modificar las leyes, sino a transformar la cultura institucional y social que ha permitido que la violencia de género y el abuso sexual persistan como problemas normalizados y poco sancionados.
