5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo clave, con una votación de 27 a favor y 5 en contra, para solicitar formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación profunda contra el ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. La petición se centra en posibles delitos relacionados con el decomiso irregular de pipas y tractocamiones cargados con combustible durante su mandato, además de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La iniciativa, presentada por el diputado Humberto Prieto Herrera de la coalición Morena-PT, acusa al ex mandatario de responsabilidades derivadas de la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado (SATE). Según el legislador, la estructura creada durante la administración panista (2017-2023) tuvo como propósito «afectar a los empresarios del transporte y las compañías relacionadas con los hidrocarburos» mediante prácticas que excedían sus facultades.
Exceso de Facultades y Decomisos Irregulares
La exposición de motivos presentada por el diputado Prieto argumenta que en 2020, el gobierno de García Cabeza de Vaca desconcentró funciones de la Secretaría de Finanzas, pero estas acciones habrían operado fuera del marco legal. Se acusa al ex gobernador de invadir facultades exclusivas del gobierno federal en materia de comercio exterior. El ex mandatario habría incurrido en revisiones sin sustento legal a transportes de hidrocarburos y otras mercancías, afectando directamente a empresas y ciudadanos.
El señalamiento principal en la solicitud de investigación se relaciona con los decomisos de vehículos de carga. El ponente detalló que, entre el 15 y 18 de noviembre de 2019, el gobierno estatal embargó 15 pipas y ocho tractocamiones. Estos vehículos transportaban un total de 444 mil litros de combustible, y la justificación oficial fue la «sospecha de contrabando», aunque el Congreso ahora cuestiona la legalidad de esta actuación y la investigación de fondo de la misma.
Daño al Erario y la Búsqueda de Rendición de Cuentas
El punto de acuerdo aprobado también alega que el ex mandatario incurrió en actos violatorios de la Ley de Coordinación Fiscal. Presuntamente, duplicó la estructura de la Secretaría de Finanzas y se inmiscuyó en las facultades propias de la Secretaría de Administración estatal. Estas acciones no solo generarían ineficiencia burocrática, sino que se habrían utilizado para fines particulares, en lugar de atender el interés general de los tamaulipecos, tal como lo exige el Estado de derecho.
Las principales acusaciones contra el ex gobernador en el ámbito federal fue la de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, que tuvo como base operaciones financieras que involucraban la compra-venta de inmuebles y manejo de recursos de procedencia ilícita. Este nuevo exhorto del Congreso de Tamaulipas a la FGR para que retome la investigación por el decomiso de pipas añade un componente de Investigación específico sobre el uso de la estructura estatal (el SATE) para presuntos fines de extorsión o control ilegal en el lucrativo sector de los hidrocarburos, complementando la línea de investigación por lavado de dinero ya existente.
La iniciativa promovida por Morena y sus aliados en el Congreso busca garantizar la rendición de cuentas y asegurar que las instituciones públicas operen dentro de la legalidad. Este acuerdo, que entró en vigor inmediatamente tras su aprobación, representa un paso político significativo para fortalecer el Estado de derecho en Tamaulipas.
