5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El actual gobierno municipal de Tlalnepantla, encabezado por el alcalde morenista Raciel Pérez Cruz, ha revelado un grave esquema de anomalías financieras que involucra a la administración anterior de la alianza PAN-PRI-PRD. Según el alcalde, las auditorías aplicadas a los ejercicios fiscales 2022 y 2023 arrojaron un monto de observaciones que supera los 6 mil millones de pesos. Estas irregularidades incluyen desde obras pagadas y no ejecutadas hasta contratos con firmas presuntamente falsificadas, configurando un serio daño al erario público.
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz dio a conocer que, como resultado de estas investigaciones, su administración ha interpuesto ya 14 denuncias penales contra exfuncionarios. El daño al patrimonio de los habitantes de Tlalnepantla es catalogado como «grave» por el edil. El informe inicial de responsabilidades abarca un total de $6,139,199,753 pesos y afecta tanto al gobierno local como al DIF y al Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).
Fuentes y Cifras de las Anomalías
Las auditorías que destaparon las anomalías fueron realizadas por diversas instancias fiscalizadoras de gran peso, lo que da solidez a las acusaciones. Entre ellas se encuentran el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control municipal y un auditor externo contratado específicamente para la revisión. Las cifras de cada instancia son alarmantes y suman la multimillonaria afectación.
El OSFEM detectó 98 observaciones por más de 3 mil 76 millones de pesos, siendo la entidad con el monto más alto. Por su parte, el Órgano Interno de Control identificó anomalías por más de 1,670 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó 13 observaciones que suman más de 160 millones de pesos, y el auditor externo comprobó una afectación que supera los mil 231 millones de pesos.
Obras Fantasma y Firmas Falsificadas
Entre las anomalías más destacadas se encuentran los trabajos pagados, pero que nunca se ejecutaron en su totalidad. Un ejemplo emblemático son los casos de los pozos Pirules y Santa Mónica, donde se ejercieron más de 17 millones de pesos en cada uno, sin que la obra se concretara. Estas evidencias de obras «fantasma» refuerzan la naturaleza de los delitos cometidos contra el erario.
Además, las investigaciones revelaron más de 40 expedientes de contrataciones públicas de adquisiciones y servicios con la firma falsificada del ex director de Administración. Estos contratos fraudulentos, que superan los 300 millones de pesos, sugieren una red de corrupción organizada. Ex servidores públicos del OPDM y del anterior gobierno han sido llamados a declarar ante las autoridades competentes.
Es relevante señalar que el Artículo 38 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios tipifica como Faltas Administrativas Graves el Desvío de Recursos Públicos y la Contratación Indebida. En casos de anomalías de esta magnitud, las sanciones no solo son de carácter económico (inhabilitación y multas), sino que, al haber 14 denuncias penales presentadas, los exfuncionarios podrían enfrentar penas de prisión. Este marco legal garantiza que el dinero presuntamente desviado sea no solo documentado, sino perseguido por la vía penal, buscando la reparación del daño a Tlalnepantla.
El alcalde Pérez Cruz lamentó que esta «grave crisis heredada» haya mermado el potencial de Tlalnepantla para avanzar significativamente en obra pública y servicios. A pesar de la problemática, afirmó que su gobierno ha logrado mantener la responsabilidad financiera.
