4 de Noviembre del 2025.- La decisión de México de conceder asilo político a Betssy Chávez, la ex primera ministra de Perú, ha provocado una grave crisis diplomática. Chávez está siendo procesada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. Como respuesta, el gobierno de Perú anunció este lunes la suspensión de sus vínculos diplomáticos con México. Según el excanciller Luis Gonzales Posada, este desenlace era previsible por los indicios mostrados desde el gobierno mexicano.
La suspensión de los lazos diplomáticos reduce el contacto entre ambas naciones a asuntos exclusivamente consulares. Esto significa que la comunicación de alto nivel se congela. El excanciller Gonzales Posada explicó en diálogo con Canal N que la relación estará «solamente activa para atender a los peruanos que se encuentran en México y a los mexicanos que se encuentran en el Perú». Confirmó que «no hay relaciones diplomáticas ni a nivel de embajador ni encargado de negocios».
El establecimiento de relaciones diplomáticas normales es lo que permite a los gobiernos de diferentes países comunicarse y cooperar. A través de estos lazos se resuelven asuntos de interés mutuo mediante mecanismos formales y pacíficos. Esta interacción implica aceptar la soberanía recíproca y posibilita el envío de representaciones oficiales. También fomenta tareas conjuntas en áreas clave como el intercambio comercial, actividades culturales, cooperación ambiental, seguridad o proyectos educativos, además de facilitar salidas a desacuerdos.
El actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, señaló que esta ruptura con México complica tanto los temas diplomáticos como la cooperación regional. Añadió que, si el gobierno mexicano llegara a imponer dificultades adicionales, sería una decisión unilateral de esa nación. «La voluntad de Perú es que continúen estos lazos, pues consideramos de gran valor proteger a los peruanos en México y a los mexicanos asentados en Perú», expresó el canciller.
El Caso de Rebelión contra Chávez
Este es un nuevo capítulo en las tensas diferencias entre ambos gobiernos latinoamericanos. Chávez, quien presidió el Consejo de Ministros durante el mandato de Castillo, enfrenta una investigación por los hechos del 7 de diciembre de 2022. En esa fecha, Castillo anunció la disolución del Congreso y el cierre de instituciones. La Fiscalía la acusa de coautoría en el delito de rebelión y pide para ella una pena de hasta 25 años de prisión.
La Fiscalía acusa a Chávez de coautoría en el delito de rebelión, con una petición de hasta 25 años de prisión. La exjefa de Gabinete quedó en libertad recientemente tras una resolución del Tribunal Constitucional. Dicho tribunal anuló la extensión de su prisión preventiva por haber sido dictada fuera de plazo. No obstante, el proceso por rebelión sigue en trámite y el Ministerio Público mantiene que el riesgo de fuga es alto, argumento que cobra fuerza con la solicitud de asilo político.
Gonzales Posada mencionó el siguiente paso obligado. Al concederse el asilo político, Perú está ahora obligado por normas internacionales a otorgar el salvoconducto que permita la salida de Chávez del territorio nacional. «Y ahí se cierra el capítulo», indicó, criticando que fue «una maniobra muy bien orquestada y una desidia, un descuido absoluto del Gobierno peruano, porque esta era la crónica de un asilo anunciado». Apuntó que, aunque Perú debe entregar el salvoconducto, «lo que podría hacer el Gobierno de Perú es retener un largo tiempo la entrega» como gesto político.
