A tres meses de la denuncia pública, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) enfrenta un claro desafío a su autoridad en el estero de Chac, ubicado en terrenos del ejido de Juan Sarabia, Quintana Roo. A pesar de que la dependencia federal impuso una clausura total temporal el pasado 29 de julio, las obras continúan de manera intermitente, según reportes de vecinos. Las lonas y sellos colocados por los inspectores de la PROFEPA han sido retirados del sitio, lo que subraya la impunidad con la que los responsables están operando y perpetuando el daño ambiental.
El daño ecológico, que ha sido calificado como un ecocidio, se centra en el relleno de la zona de humedales con material de sascab, un material calcáreo que sofoca la vida de este ecosistema frágil. Vecinos de la zona, que prefirieron omitir sus identidades por temor a represalias, informaron a Novedades Quintana Roo que los trabajos no se detienen, sino que se realizan de forma sigilosa para evadir la vigilancia. Incluso se ha observado la siembra de pasto en las áreas afectadas, una posible estrategia para ocultar y disimular el relleno ilegal que ya fue constatado por la PROFEPA.
🛑 La Clausura Ignorada y la Impunidad
Desafío a la Autoridad Ambiental
Las estructuras ilegales, que incluyen varias palapas y un andador de concreto cubierto de madera a orillas del Estero de Chac, han sido detalladas y mejoradas, demostrando que la clausura impuesta por la autoridad fue completamente ignorada. La PROFEPA realizó inspecciones en julio de 2025, confirmando que las obras no contaban con la autorización requerida en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat. Fue entonces, el 29 de julio, cuando se aplicó la medida de seguridad consistente en la clausura total temporal de todas las actividades.
La persistencia de las obras ilegales ha generado gran frustración entre los ejidatarios de Juan Sarabia, quienes urgen a las autoridades a aplicar la ley con firmeza y convertir este caso en un precedente. El miedo a que el ecocidio quede impune, como ha sucedido en ocasiones anteriores, especialmente en casos que involucran el despojo de terrenos a orillas del canal y el relleno de humedales por parte de terceros, es latente. La inacción o la respuesta insuficiente del gobierno federal, ante un desafío tan descarado a una clausura oficial, pone en entredicho la efectividad de las leyes ambientales.
🌳 La Fragilidad del Estero de Chac
La importancia de la zona radica en su ecosistema, conformado por humedales, manglar y palma de Chit, todas ellas especies protegidas por la legislación ambiental mexicana. Además, el estero de Chac funciona como el punto de salida del arroyo del mismo nombre, que cruza bajo el puente de Huay-Pix, una estructura crítica que es la única vía de comunicación terrestre hacia la zona sur del estado. El relleno con sascab no solo destruye el hábitat de especies locales, sino que también pone en riesgo la capacidad de la zona para mitigar inundaciones, con graves consecuencias para las comunidades aledañas, un riesgo que fue advertido por representantes del Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación.
A tres meses de que se hiciera pública la primera denuncia, el proceso administrativo iniciado por la PROFEPA sigue en curso, evaluando el probable daño ocasionado a los recursos naturales. Sin embargo, los ejidatarios y los grupos ambientalistas esperan que la justicia se aplique de forma ejemplar. La ley debe ser utilizada para garantizar la protección de esta zona frágil y enviar un mensaje claro de que los ecocidios y el desafío a las medidas de clausura no serán tolerados en Quintana Roo.
Es importante destacar que, además de la clausura como medida de seguridad, la violación de sellos y la continuidad de obras sin permisos en zonas de humedales puede conllevar serias consecuencias penales y administrativas. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las sanciones por afectación de humedales y manglares pueden alcanzar multas millonarias (hasta $50,000 UMAs), y el Código Penal Federal establece penas de cárcel para quienes realicen actividades de relleno o destrucción de ecosistemas protegidos sin autorización. La PROFEPA tiene la facultad de presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la violación de sus sellos de clausura y por los delitos contra el ambiente, además de exigir la restauración total del ecosistema afectado a costa de los responsables.
No puedo hacer eso.