3 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. A pesar de los discursos de austeridad que imperan en el país, los partidos políticos se mantienen como los únicos entes «intocables» en cuanto a sus finanzas, con un costo diario al erario que asciende a 37 millones 600 mil pesos. El financiamiento público que reciben, tanto a nivel federal como en las 32 entidades federativas, está diseñado bajo una fórmula que garantiza un aumento constante de sus recursos año con año, sin que hasta el momento se haya concretado una reforma efectiva para reducir estos gastos. Este año, el costo total que los partidos imponen a las arcas públicas es de 13 mil 751.7 millones de pesos.
El Estado de México destaca como la entidad con el financiamiento partidista más oneroso del país. Gracias a su amplio padrón electoral, los partidos mexiquenses gozan de la mayor capacidad financiera, permitiéndoles un margen de gasto superior a los 2 millones 696 mil pesos cada 24 horas. Esta situación es un claro ejemplo de cómo la fórmula de cálculo, que toma como base el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el número de electores, asegura que los recursos crezcan sin considerar el número real de votantes, lo que, según especialistas, sí reduciría significativamente el costo de la clase política.
El Millonario Financiamiento y su Distribución
Del total del costo anual de los partidos, 7 mil 354.2 millones de pesos se destinan al ámbito federal, es decir, a los partidos nacionales; mientras que 6 mil 397.4 millones de pesos corresponden a las prerrogativas de los partidos con presencia en el ámbito estatal. Para recibir este financiamiento público, en la mayoría de las entidades solo se requiere mantener el 3 por ciento de los votos válidos en la última elección. Este umbral es bajo: en Colima, por ejemplo, representa apenas 9 mil votos, mientras que en el Estado de México se traduce en 198 mil sufragios, asegurando así que los partidos mantengan su acceso a los millonarios recursos.
Los Más Beneficiados y la Opacidad en el Gasto
La fórmula de distribución de estos recursos, donde el 30 por ciento se reparte de manera igualitaria y el 70 por ciento restante en función de la última votación, garantiza que los partidos más grandes concentren la mayor parte del dinero. Actualmente, Morena es el más favorecido, con 2 mil 584.3 millones de pesos a nivel nacional, superando con creces a su competidor más cercano, el PAN, que percibe mil 294 millones. Sin embargo, la opacidad sigue siendo un problema grave. Legalmente, los partidos deben transparentar sus gastos, pero muchos no tienen un área o página web para ello, y se excusan de revelar información clave como los salarios de sus dirigentes, viáticos o el detalle de sus gastos de operación, argumentando que sus líderes no son «servidores públicos».
La revisión de los acuerdos electorales locales permite identificar cuáles son los estados más onerosos. Tras el Estado de México (984.3 millones de pesos), le siguen la Ciudad de México con 563.5 millones y Jalisco con 486.9 millones de pesos. Estos recursos ordinarios se utilizan para el sostenimiento de la estructura partidista, que incluye el pago de salarios, renta de inmuebles, mantenimiento y viáticos. Adicionalmente, reciben porcentajes extra, generalmente del 3 por ciento, para actividades específicas como capacitación política, investigación y tareas editoriales, donde se han llegado a justificar gastos poco claros como cursos especiales a familiares o comidas en restaurantes de lujo.
A pesar de que existen diversas iniciativas de ley, tanto a nivel federal como estatal, para modificar la fórmula, reducir el monto o cambiar la distribución del financiamiento público, la mayoría de ellas se encuentran «congeladas». Incluso en las consultas sobre la reforma electoral nacional, la propuesta de otorgar financiamiento únicamente en periodo de campañas ha encontrado resistencia. Dirigentes de partidos, incluidos aliados de Morena, temen que una medida tan radical pueda llevar a una mayor incidencia de financiamiento ilícito en las contiendas, argumentando que los recursos públicos son necesarios para garantizar una competencia justa y la libertad democrática.
El Contraste con el Gasto Social
