La investigación encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, determinó que los escoltas del alcalde de Carlos Manzo Rodríguez, en Uruapan, Michoacán, no están vinculados al crimen organizado. Aseguró que tanto los elementos de la Guardia Nacional como la policía municipal actuaban bajo el marco legal y cumpliendo funciones de resguardo.
García Harfuch explicó que Manzo tenía desde diciembre de 2024 una escolta oficial, la cual fue reforzada en mayo de 2025 con 14 agentes de la Guardia Nacional y dos vehículos blindados. A pesar del esquema de seguridad, el alcalde fue abatido durante un evento público la noche del sábado.
Durante su conferencia de prensa, el funcionario reveló que el arma asegurada en el ataque —una pistola calibre 9 mm— está relacionada con al menos dos agresiones previas entre grupos criminales que operan en la región. Aun así, dijo que las primeras pesquisas “no apuntan a que los escoltas hayan colaborado o participado en la agresión”.
Asimismo, el gabinete de seguridad federal informó que los dos detenidos tras el ataque se encuentran en calidad de testigos; por ello, descartó que formen parte de una red criminal mayor o que haya infiltración directa en el equipo de protección del edil. Las líneas de investigación siguen abiertas y no se descarta ninguna hipótesis.
El caso ha generado fuerte impacto en la sociedad y en la clase política de Michoacán: Manzo había manifestado temores de posibles represalias por su gestión y había solicitado apoyo federal ante la creciente violencia. El gobernador estatal y autoridades federales han reiterado que “no habrá impunidad” y que llegarán hasta las últimas consecuencias.
