La tensión política en Colombia aumentó tras el reciente incidente en el que drones sobrevolaron la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la madrugada del domingo. El funcionario denunció haber recibido amenazas de muerte y presentó una demanda penal contra dos sospechosos. Las autoridades ofrecen una recompensa cercana a los 260 mil dólares para dar con los responsables.
El ministro Benedetti compartió en su cuenta de X que los hechos no fueron casuales: “Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia”. Esta declaración encendió las alarmas dentro del Gobierno de Gustavo Petro, ya que se trata de uno de sus ministros más influyentes y figura clave en el manejo de la seguridad interna del país.
Reacción del Gobierno y medidas de seguridad
Tras la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que “la amenaza denunciada por el ministro Benedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado”. Las fuerzas de seguridad ya iniciaron operativos de rastreo en la zona donde se detectaron los drones, con el objetivo de identificar los aparatos y a quienes los controlaban.
De acuerdo con Benedetti, mientras los drones sobrevolaban su vivienda, un vehículo sospechoso se desplazaba constantemente frente a su casa. Horas después, testigos notaron a personas tomando fotografías desde la parte trasera de la residencia, lo que refuerza la hipótesis de un posible plan de seguimiento o atentado.
Preocupación por el uso de drones en delitos
El ministro recordó que “en un país donde el dron es un arma letal, nadie lo maneja para divertirse a las tres de la madrugada”. Esta frase refleja una preocupación creciente en Colombia: el uso de drones en actividades criminales, espionaje y vigilancia ilegal. En años recientes, las autoridades han reportado incidentes similares cerca de sedes gubernamentales y bases militares, lo que demuestra la necesidad urgente de una regulación más estricta.
Especialistas en seguridad señalan que los drones pueden ser fácilmente adaptados para transportar explosivos o equipos de espionaje, lo que convierte su uso sin control en una amenaza real para funcionarios y ciudadanos. El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad de las figuras públicas y la vulnerabilidad de las instituciones ante la tecnología.
En los últimos años, Colombia ha experimentado un notable incremento en el uso de drones tanto para fines comerciales como ilícitos. Sin embargo, el país aún carece de un marco legal robusto que limite su operación en zonas residenciales o gubernamentales. Expertos en ciberseguridad y defensa aérea han recomendado crear un sistema nacional de monitoreo de vuelo de drones, con registro obligatorio y sanciones más severas para quienes los utilicen de manera indebida. Implementar estas medidas no solo fortalecería la seguridad de altos funcionarios, sino que también ayudaría a prevenir su uso por parte de grupos criminales y narcotraficantes
