28 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-Un reciente informe de la ONU ha documentado presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, incluyendo ataques con drones contra civiles e infraestructura, así como el traslado forzoso de personas. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluyó que estas acciones podrían constituir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entre julio y octubre de 2024, más de 200 civiles han perdido la vida en las regiones de Dnipropetrovsk, Jersón y Mykolaiv, mientras que más de 2.000 resultaron heridos, según autoridades locales citadas por la ONU.
Ataques con drones y desplazamiento forzoso
El informe revela que los ataques con drones fueron dirigidos intencionalmente a viviendas civiles, hospitales, escuelas y puntos de distribución humanitaria. Según la comisión, estos actos formaban parte de una política coordinada para expulsar a los civiles de las áreas afectadas. Muchos habitantes han abandonado sus hogares, dejando algunas localidades prácticamente vacías. Solo permanecen quienes no pueden desplazarse por su condición física o falta de recursos.
Además, Rusia ha sido señalada por deportar forzosamente a civiles de áreas ocupadas, como el oblast de Zaporiyia, sin previo aviso ni posibilidad de comunicarse con sus familias. Estas deportaciones, que incluyen trayectos de 10 a 15 kilómetros en zonas con minas y enfrentamientos cercanos, han generado desapariciones y violaciones graves de derechos humanos. Arrestos, torturas y confiscación de bienes fueron reportados antes de los traslados, según el informe.
Impacto humanitario y testimonio de civiles
Residentes de zonas como Antonivka en Jersón han descrito la vida diaria bajo los ataques con drones como una experiencia aterradora. Natalia, quien pidió mantener solo su nombre, relató que realizar actividades cotidianas como cuidar su jardín o sacar la basura se volvió extremadamente peligroso debido a los constantes ataques. La población ha vivido una situación de vigilancia constante, con drones sobrevolando mientras realizaban tareas rutinarias, generando miedo y desplazamiento masivo.
Los ataques recientes en las regiones norteñas de Chernihiv y Sumy también han dejado a miles de personas sin electricidad en plena temporada de bajas temperaturas, afectando gravemente la vida cotidiana de los civiles. En agosto, la destrucción de un puente clave en la isla Korabel de Jersón obligó a evacuar a 1.800 personas, mostrando la magnitud de la crisis humanitaria derivada de los ataques militares.
Responsabilidad y acusaciones internacionales
La ONU atribuye estas violaciones a las fuerzas y autoridades rusas, sin señalar a individuos específicos. Sin embargo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la funcionaria Maria Lvova-Belova en marzo de 2023, por presuntamente dirigir la transferencia forzada de niños ucranianos, considerado un crimen de guerra. El Kremlin rechazó estas acusaciones, calificando las acciones de la CPI como “escandalosas e inaceptables” y negando la jurisdicción del tribunal.
El trauma psicológico, la destrucción de infraestructura crítica y la separación de familias afectan la recuperación de las comunidades y generan un impacto profundo en la educación, salud y cohesión social. Además, la documentación de estos crímenes por la ONU sirve como base para futuras investigaciones y posibles procesos judiciales internacionales.
La comunidad internacional sigue observando de cerca la situación en Ucrania, con llamados a investigaciones imparciales y a la protección de civiles, mientras la guerra continúa y las tensiones entre Rusia y el resto del mundo se intensifican. La ONU ha enfatizado la necesidad de responsabilizar a los autores de estos crímenes y garantizar asistencia humanitaria efectiva a las víctimas.
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