Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, protagoniza un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras intentar frenar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la resolución de dos litigios por créditos fiscales que suman más de 34 mil 373 millones de pesos. Estos montos incluyen impuestos, multas, actualizaciones y recargos que la empresa impugna desde hace varios años.
Por medio de solicitudes de impedimento, Elektra buscó apartar a los nueve integrantes del pleno de la Corte para los casos de revisión de amparos, incluyendo el juicio más cuantioso que enfrenta. Sin embargo, el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó estas solicitudes y aplicó multas a la empresa por intentar “entorpecer o dilatar” los juicios, dejando claro que la Corte no tolerará maniobras que comprometan la justicia.
El intento de paralizar a todo el pleno es histórico. La SCJN está integrada por tres ministras que repitieron en el cargo y seis nuevos miembros, incluyendo al propio Hugo Aguilar. En ocasiones anteriores, el grupo había tramitado recursos de impedimento individuales, pero nunca había buscado apartar a la totalidad del pleno, lo que evidencia la magnitud de la disputa fiscal.
Elektra pretende impedir la resolución del amparo directo en revisión 6321/2024, por el crédito fiscal de 2013 que supera los 33 mil millones de pesos, y del juicio 5654/2024, por otro crédito de 2008 de más de mil 431 millones. Las razones detrás de estas solicitudes no son públicas, pero la Ley de Amparo prevé multas significativas para quienes buscan dilatar procedimientos judiciales.
Actualmente, hay seis asuntos pendientes de Grupo Salinas ante la Corte, cinco de Elektra y uno de Tv Azteca, que en conjunto cuestionan créditos fiscales por más de 41 mil millones de pesos. Esta situación muestra la complejidad y la magnitud de los litigios fiscales que enfrenta el conglomerado empresarial, lo que podría marcar un precedente en la interpretación de la Ley de Amparo frente a grandes corporativos.
Valor agregado: Expertos legales señalan que estas acciones reflejan un patrón de litigios estratégicos por parte de grandes empresas para presionar al Estado y negociar condiciones más favorables. La sanción impuesta por la Corte no solo refuerza la independencia judicial, sino que también envía una señal de que los intentos de obstrucción legal pueden acarrear consecuencias económicas y reputacionales significativas.
