Ciudad de México, 24 de octubre de 2025 – La lucha contra la corrupción en el gobierno federal ha arrojado resultados concretos en el llamado «Caso Segalmex«, uno de los escándalos de desvío de recursos más grandes de los últimos años. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, confirmó que, como resultado de las investigaciones, 27 exfuncionarios involucrados en este caso ya se encuentran en prisión. Este dato busca responder a los cuestionamientos sobre la rendición de cuentas dentro de la administración pública y demuestra que las acciones legales están en marcha.
La información fue revelada por la secretaria Buenrostro al ser cuestionada sobre por qué no hay funcionarios de la actual administración que enfrenten consecuencias por sus delitos. La funcionaria fue enfática al señalar que las investigaciones sí han procedido y han tenido éxito en llevar a la cárcel a quienes participaron en el esquema de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). La detención de 27 exfuncionarios es una señal clara del compromiso por combatir la impunidad en todos los niveles.
Avances en la Investigación y el Papel de la FGR
El caso Segalmex ha implicado una compleja red de desvíos y malos manejos de fondos públicos destinados a la seguridad alimentaria. Los 27 exfuncionarios encarcelados enfrentan cargos relacionados con la desviación de miles de millones de pesos, dinero que debió usarse para comprar granos a pequeños productores y distribuir alimentos básicos a precios accesibles. La Secretaría Anticorrupción enfatizó que este proceso es producto de una coordinación estrecha con las dependencias de justicia.
En este sentido, la titular de la Secretaría Anticorrupción subrayó que es la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de informar sobre el estado de las investigaciones en curso contra otros implicados. Específicamente, aludió al exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle. Buenrostro manifestó que la FGR debe dar a conocer públicamente si existe una investigación formal y activa contra el exdirector por su presunta responsabilidad en el desfalco de la institución, manteniendo así la presión por la transparencia y el castigo a todos los exfuncionarios responsables.
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