En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) admitió el uso de fuerza en al menos 351 ocasiones contra migrantes entre febrero y agosto de 2025. De estos casos, 278 se registraron en la frontera sur con México, lo que revela una concentración preocupante de violencia en esa región. La CBP sostiene que 474 agentes también fueron agredidos en ese mismo periodo, justificando así su actuar. Sin embargo, las cifras abren una nueva discusión sobre la proporcionalidad del uso de fuerza y sus consecuencias legales y humanitarias.
El contexto que rodea estos hechos es cada vez más tenso. Autoridades estadounidenses argumentan que enfrentan una «crisis de seguridad nacional» ante la llegada masiva de personas que cruzan la frontera sin documentos. Bajo esa narrativa, se han multiplicado redadas, detenciones y acciones que priorizan la contención por encima del respeto a los derechos humanos. La CBP incluso ha enmarcado estas intervenciones como «necesarias para proteger la soberanía». Pero organizaciones civiles han denunciado que detrás de ese discurso hay una creciente militarización de la frontera y una normalización del uso de la violencia.
Diversos activistas y ONG dedicadas a la defensa de migrantes han levantado la voz ante lo que consideran una peligrosa escalada represiva. Según informes de Human Rights Watch y ACLU, muchas de estas acciones se llevan a cabo sin supervisión judicial, sin protocolos claros y con un uso excesivo de fuerza, especialmente contra personas vulnerables como niños, mujeres embarazadas o solicitantes de asilo. Las organizaciones señalan que estas prácticas violan tanto la ley estadounidense como tratados internacionales firmados por EE. UU. en materia de derechos humanos.
Por su parte, el gobierno federal ha minimizado las críticas, argumentando que los agentes de la CBP actúan bajo condiciones extremas y enfrentan situaciones de riesgo constante. Aseguran que la mayoría de los incidentes registrados ocurrieron en zonas de alto flujo migratorio, donde los migrantes —según la versión oficial— han mostrado resistencia o han agredido físicamente a los oficiales. Sin embargo, no se han presentado grabaciones completas ni informes públicos que documenten con claridad el contexto real de esos enfrentamientos, lo cual genera sospechas sobre la transparencia de los procedimientos.
La frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido, más que nunca, en un escenario de conflicto entre dos visiones: la de la seguridad nacional y la del respeto a la dignidad humana. Mientras los gobiernos fortalecen los muros y las patrullas, miles de personas siguen cruzando por rutas cada vez más peligrosas, escapando de la violencia, la pobreza o la persecución. Los informes sobre el uso de fuerza solo evidencian una política que responde con represión a un fenómeno que requiere soluciones estructurales, legales y humanas.
