La Cámara de Diputados ha aprobado un controvertido nuevo impuesto del 8% sobre los videojuegos clasificados con contenido violento, una medida que ha sido severamente criticada por la oposición. La diputada Irais Virginia Reyes, de Movimiento Ciudadano (MC), fue una de las voces más fuertes en contra, argumentando que este impuesto es arbitrario y que criminaliza el entretenimiento, estigmatizando a millones de jugadores en el país. El debate puso en el centro de la discusión la relación, o la falta de ella, entre el consumo de videojuegos y la violencia en la vida real.
Un Impuesto Basado en Visiones «Moralistas»
La legisladora Reyes criticó duramente la lógica detrás del impuesto, tachándola de «visión conservadora y moralista». Cuestionó la idea implícita de que la violencia en el país provenga de las consolas de videojuegos y de que los gamers sean considerados potenciales delincuentes. La diputada fue enfática al señalar que jugar no es una enfermedad, y que plantear lo contrario o gravar el entretenimiento bajo ese argumento es una falta de respeto hacia la comunidad de jugadores.
La diputada de MC utilizó ejemplos populares para desmentir la supuesta relación directa entre los videojuegos y la delincuencia. «Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us,» afirmó, ni «termina en la delincuencia por lanzar un fatality en Mortal Kombat.» Incluso bromeó con que «nadie se convierte en narco por atrapar criaturas en Pokémon«. Con estos ejemplos, la legisladora intentó simplificar el argumento, señalando que la ficción y el entretenimiento no pueden ser tratados como una causa directa de la criminalidad.
La medida es considerada particularmente arbitraria, ya que el impuesto del 8% se aplicará de forma amplia. La diputada Reyes advirtió que la tasa no solo afectará la compra de juegos individuales, sino también a las membresías o plataformas de servicio que incluyan en su catálogo algún videojuego que haya sido clasificado como violento, incluso si el usuario nunca llegó a jugarlo. Esta amplitud en la aplicación del impuesto hace que el cobro sea injusto, afectando a consumidores que pagan por servicios integrales que van más allá del contenido violento.
Falta de Evidencia y Riesgo de Prohibicionismo
Un punto central en la defensa de los gamers es la falta de evidencia científica que respalde la conexión entre los videojuegos y la violencia real. Reyes recordó a la Cámara que países con una gran base de consumidores de estos productos, como Japón o Corea del Sur, tienen consistentemente índices de criminalidad muy bajos. Este hecho contradice directamente la premisa de que el contenido virtual se traduce necesariamente en actos violentos en la sociedad.
Finalmente, la legisladora advirtió que la aprobación de este impuesto sienta un precedente peligroso. Este tipo de impuestos basados en el contenido moral o temático de un producto abren la puerta al prohibicionismo y, lo que es más grave, ponen en riesgo las libertades de los ciudadanos. La Cámara Alta, al respaldar esta medida, podría estar inaugurando una forma de regulación indirecta basada en juicios de valor, más que en una justificación económica o social clara.
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