La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado de la República, tiene como principal objetivo robustecer la protección del pueblo de México ante cualquier acción que consideren injusta por parte de las autoridades. Lejos de limitar los derechos, la mandataria afirmó que la modificación legal convierte a este recurso jurídico en un instrumento más rápido y eficiente, facilitando un mayor acceso a la justicia para todos los ciudadanos. La Ley de Amparo actualizada busca ser más cercana a la gente, eliminando trámites innecesarios y acortando los plazos de los procedimientos legales, haciéndolos más expeditos.
La Ley de Amparo se Fortalece, No se Limita
La Jefa del Ejecutivo Federal desmintió categóricamente las voces críticas que sugieren que la reforma es regresiva o que viola derechos constitucionales. Enfatizó que la Ley de Amparo respeta plenamente el Artículo 14 de la Constitución, el cual prohíbe la retroactividad de las leyes. «Se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad, eso no cambia en lo más mínimo; al contrario, se fortalece», puntualizó en «La mañanera del pueblo». La Presidenta fue clara al señalar que quienes mienten sobre la supuesta inconstitucionalidad de la reforma actúan por desinformación o por consigna política, al no haber leído el contenido real del dictamen.
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, secundó la postura de la Presidenta, insistiendo en que es completamente falso que la reforma limite la defensa de las personas. El objetivo central es hacer del recurso de amparo un procedimiento más ágil y moderno. La intención es clara: simplificar los trámites, acortar los tiempos de espera en los juicios y avanzar hacia la justicia digital para hacerla más accesible. La Ley de Amparo mantiene una defensa plena de los derechos humanos de todas las personas, siendo este su propósito primordial.
No obstante, se realizaron modificaciones clave en torno a la suspensión de actos de autoridad para evitar abusos. Estas adecuaciones buscan impedir que el recurso de amparo sea utilizado como una herramienta para obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero o para proteger actividades ilícitas. Zaldívar Lelo de Larrea fue enfático al establecer la línea divisoria: “El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad”. Las modificaciones también contemplan salvaguardas para proteger a personas que, por error, vean sus cuentas bloqueadas, siempre y cuando puedan acreditar el origen lícito de sus recursos.
En el ámbito fiscal, la reforma a la Ley de Amparo introduce cambios en la impugnación de créditos fiscales firmes. Ahora, las diferentes etapas del procedimiento de cobro no podrán ser impugnadas individualmente; la impugnación se concentrará únicamente en la resolución final. Esta medida agiliza los procesos sin afectar la posibilidad de defensa de los particulares o de los deudores legítimos. En este punto, se aclaró que la no retroactividad en materia procesal significa que los juicios de amparo ya concluidos no se verán afectados, pero los procedimientos en curso y futuros se regirán por las nuevas disposiciones de la reforma.
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