La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, ha anunciado la iniciativa de una nueva Ley de Extorsión con el objetivo principal de estandarizar la definición del delito en todo el territorio nacional y, crucialmente, hacerlo perseguible de oficio. Actualmente, la disparidad en las legislaciones estatales dificulta la persecución efectiva de este crimen que afecta a ciudadanos y empresas en todo el país. Esta homologación busca crear un marco legal único que simplifique los procesos judiciales y garantice una aplicación de la justicia más uniforme y eficiente.
Persecución de Oficio y Penas Más Severas por Extorsión
Uno de los cambios más significativos de la propuesta es que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar una investigación sin necesidad de una denuncia formal de la víctima. Esta medida es vital, dado que el miedo a las represalias a menudo impide que las víctimas denuncien. Además, la ley contempla un rango de penas de prisión que van de los 6 a los 15 años, reflejando la gravedad con la que el Gobierno busca tratar este crimen.
La legislación propuesta por Godoy establece un esquema de sanciones incrementadas para ciertas modalidades de extorsión consideradas de mayor impacto social o que demuestran una particular perversidad por parte de los criminales. Se han definido agravantes específicos que resultarán en castigos mayores a los 15 años de prisión.
Los castigos se endurecerán notablemente en tres escenarios concretos. El primero es el cobro de piso, una práctica del crimen organizado que asfixia a pequeños y medianos negocios. El endurecimiento de las penas por este tipo de extorsión busca proteger la economía local y dar un mensaje claro contra el crimen organizado que utiliza esta táctica para financiarse.
El segundo agravante se refiere a la participación o afectación de menores de edad en la comisión del delito. La ley busca castigar con mayor rigor a quienes involucren a niños o adolescentes, ya sea como víctimas directas o como parte del mecanismo para presionar a sus familiares.
Finalmente, la nueva Ley de Extorsión ataca uno de los focos de este crimen: la operación desde los centros penitenciarios. Se aplicarán castigos mayores si el delito se comete desde un penal, buscando desmantelar las redes criminales que utilizan teléfonos y otros medios para seguir delinquiendo tras las rejas. Valor Agregado: Además de homologar el tipo penal y aumentar las penas, un elemento crucial para la efectividad de esta ley debe ser la inversión urgente y masiva en tecnología de inhibición de señal en penales y el refuerzo de la ciberseguridad. La ley debe ir acompañada de un presupuesto etiquetado para adquirir sistemas de bloqueo de telecomunicaciones de última generación y capacitar a unidades especializadas en la detección y rastreo de llamadas y mensajes extorsivos, asegurando que el castigo mayor por extorsión desde la cárcel no sea solo una amenaza, sino un resultado tangible de la inhabilitación tecnológica.
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