La gestión de la emergencia por las intensas lluvias y el desborde de ríos en la zona norte de Veracruz ha sido señalada como un claro ejemplo de incapacidad en Veracruz e indiferencia por parte del gobierno estatal y federal, ambos bajo la administración de Morena. Los hechos ocurridos en octubre de 2025, tras el paso de la depresión tropical 90e, revelaron una serie de omisiones críticas que escalaron un fenómeno natural a una verdadera catástrofe humana. La narrativa de la crisis comienza mucho antes de las primeras inundaciones, con decisiones administrativas cuestionables que dejaron al estado desprotegido financieramente frente a desastres. Es evidente que la descoordinación y la falta de previsión han costado caro a los ciudadanos.
Desprotección Financiera y Opacidad en Recursos
La situación de desamparo financiero en Veracruz se remonta al 31 de mayo, cuando venció el seguro catastrófico estatal. Aunque en mayo de 2025 se creó la «Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales», esta carecía de fondos y, crucialmente, de la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Más grave aún, se habían etiquetado 175 millones de pesos en el presupuesto de ese año precisamente para renovar la póliza de desastres. La pregunta clave que resuena es: ¿dónde se encuentran esos $175 millones de pesos autorizados por el Congreso para garantizar la protección ante desastres naturales? Esta opacidad en el manejo de los recursos destinados a la prevención es uno de los puntos más críticos de la crisis en Veracruz.
La indiferencia ante las alertas se hizo palpable el jueves 9 de octubre. Cuatro meses y nueve días después de que el estado quedara sin seguro, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta clara por la intensificación de las lluvias y la saturación de las cuencas de los ríos Casones y Tecolutla. Pese a la alerta inminente en todos los municipios del norte del estado, el gobierno hizo caso omiso. No se activó ningún plan de evacuación, se minimizó el riesgo y, peor aún, no se habilitaron los refugios en las localidades. Tampoco se suspendieron las actividades escolares ni las laborales, una medida de precaución elemental que pudo haber salvado vidas y mitigado el riesgo en la zona afectada de Veracruz.
El peor escenario se materializó el viernes 10 de octubre. A las 6:30 de la mañana, el río Casones alcanzó su nivel más crítico y, apenas unas horas después, se desbordó, inundando municipios enteros y, trágicamente, llevándose la vida de varios veracruzanos. La respuesta oficial fue igualmente desconcertante: ese mismo día se publicó un decreto modificando el fideicomiso de protección civil, que estipulaba 30 días para actualizar las reglas de operación. Cambiar reglamentos en medio de la emergencia, mientras el norte de Veracruz se inundaba, es considerado por críticos como una burocratización inaceptable. Este fideicomiso, además, había visto reducido su monto de $203 millones de pesos en 2023 a $104 millones de pesos, debilitando aún más la capacidad de respuesta.
Burocracia y Lenta Respuesta
Los días posteriores (11, 12, 13 y 14 de octubre) estuvieron marcados por una respuesta calificada de «torpe» e «insuficiente». La ayuda al norte del estado se manejó con notable opacidad, incluso con peticiones de no revelar los municipios afectados. A pesar de afirmaciones gubernamentales de que «el dinero no es problema», persisten reportes de comunidades incomunicadas y de familias sin herramientas básicas como un rastrillo o una escoba para limpiar sus casas. La tardía iniciativa del 15 de octubre, que busca la libre disposición de recursos por parte del Ejecutivo, aunque necesaria, también burocratiza la respuesta al crear un Comité Estatal de Desastres paralelo al de Emergencias, pidiendo informes de evaluación en 30 días cuando la crisis exigía acción inmediata 24 horas al día. Esta lentitud exacerba la tragedia por lluvias en Veracruz.
La reconstrucción en Veracruz es un desafío de gran magnitud que no se resuelve únicamente con despensas y kits de limpieza. La emergencia requiere fondos sustanciales para reconstruir escuelas, caminos, carreteras y puentes en la zona norte. Los instrumentos financieros actuales, como el fideicomiso con la mitad de su capacidad previa, no serán suficientes. Se necesita una evaluación honesta y transparente de los daños para que el Congreso pueda destinar fondos reales para la reconstrucción. Lo que se ha hecho hasta ahora es «pobre y soberbio» y dista mucho de ser suficiente. La emergencia en Veracruz no concluye con esta crisis inmediata, apenas comienza la ardua tarea de reconstrucción y de rendición de cuentas. Valor Agregado: Además de la evidente necesidad de una evaluación de daños, el gobierno debería considerar la implementación urgente de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) Hidrometeorológico avanzado que utilice tecnología de punta (como radares Doppler y modelos de pronóstico de alta resolución) para predecir con mayor precisión los desbordamientos. Dicho sistema, operado por personal capacitado y en coordinación con la comunidad, permitiría emitir avisos de evacuación con el tiempo suficiente para evitar la pérdida de vidas y reducir el impacto material, transformando la prevención de una respuesta reactiva a una proactiva.
