14 DE OCTUBRE DEL 2025 – LOCAL. Comunidades mayas del municipio de José María Morelos, en Quintana Roo, han levantado la voz y presentado una denuncia formal ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). El motivo de esta acción legal es frenar lo que consideran un aprovechamiento indebido de su Patrimonio Cultural y biocultural dentro del proyecto turístico Maya Ka’an, una iniciativa impulsada por el gobierno estatal. Los grupos originarios buscan poner fin a supuestas violaciones a la ley que protege los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tradiciones y conocimientos ancestrales, que, según denuncian, están siendo explotados sin su consentimiento.
La Denuncia y el Conflicto por Maya Ka’an
La disputa se centra en el proyecto Maya Ka’an, una vasta iniciativa turística que comenzó en 2010 y que abarca más de 900 mil hectáreas en diversas regiones del estado. Este proyecto promueve un turismo basado en experiencias vivenciales, utilizando elementos que forman parte del Patrimonio Cultural y la identidad maya. No obstante, las comunidades afectadas señalan que en el proceso de formalización, llevado a cabo en 2022, se omitieron mecanismos esenciales de consentimiento libre, previo e informado. Esto ha generado una profunda molestia por la exclusión en la toma de decisiones.
Los representantes de las comunidades critican que, a pesar de usar sus símbolos y conocimientos ancestrales, no se les han ofrecido oportunidades de participación equitativa en los beneficios económicos que genera el proyecto. La gestión de la marca “Maya Ka’an” ante las instancias de propiedad intelectual también ha sido objeto de severas críticas, ya que, argumentan, se ignoraron los derechos culturales de los pueblos originarios. Consideran que su identidad y su valioso Patrimonio Cultural están siendo explotados con fines comerciales sin la debida autorización de sus legítimos custodios.
Esta situación en Quintana Roo no es un caso aislado, sino que refleja una problemática más amplia y global en la gestión de los bienes inmateriales de las comunidades originarias. En muchos lugares, las comunidades son excluidas de las decisiones clave que afectan su identidad, sus recursos y su Patrimonio Cultural. La protección de estos saberes ancestrales y tradiciones requiere, por ley y por ética, un profundo respeto por la autonomía de los pueblos indígenas, garantizando su participación activa y procesos de consulta que sean transparentes y justos.
La demanda interpuesta por las comunidades tiene un objetivo claro: establecer un precedente para que cualquier uso comercial del Patrimonio Cultural maya se realice única y exclusivamente con la autorización expresa y la participación activa de quienes han sido sus guardianes por generaciones. Esta medida es fundamental para garantizar que los beneficios sean justos y que el legado cultural no se diluya, sino que se preserve y se fortalezca para las futuras generaciones. Es una batalla por la dignidad y el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Exigen Respeto y Beneficios Justos
En esencia, los grupos originarios exigen un modelo de turismo que respete su autonomía y que les permita ser socios reales y equitativos en los proyectos que utilizan su Patrimonio Cultural. Esto incluye la necesidad de que la ley se aplique rigurosamente para que los desarrolladores y las autoridades cumplan con los protocolos de consulta y repartición de beneficios. La esperanza de los denunciantes es que esta acción legal obligue a una reestructuración del proyecto Maya Ka’an que incorpore sus derechos plenamente, asegurando que su Patrimonio Cultural sea fuente de orgullo y prosperidad, y no de explotación.
Relevancia del Convenio 169 de la OIT
Es crucial señalar que la exigencia de «consentimiento libre, previo e informado» se fundamenta legalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México es parte. Este convenio internacional establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La denuncia ante INDAUTOR es, por lo tanto, un mecanismo legal que busca hacer cumplir un derecho humano internacionalmente reconocido y esencial para la protección del Patrimonio Cultural de las comunidades mayas.
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