
8 OCTUBRE 2025- Othón P. Blanco, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado informó que un juez de control dictó la vinculación a proceso de Jesús Fernando “N”, por su presunta participación en hechos constitutivos del delito de violación en agravio de una menor de edad. La Fiscalía Especializada en Combate de Delitos Sexuales presentó ante el juez los datos de prueba necesarios para determinar la medida cautelar.
El imputado habría traído a la víctima desde León, Guanajuato, con engaños, asegurándole que estaría a salvo y que podría ingresar a una escuela militar. Según las indagatorias, la menor buscaba escapar de amenazas y presiones familiares relacionadas con organizaciones criminales de venta de drogas, situación que la hacía temer por su seguridad.
Al llegar a Quintana Roo, Jesús Fernando “N” le habría indicado que sería su pareja y que, de no aceptar, avisaría a quienes la buscaban. Por temor, la víctima permaneció con el ahora imputado hasta que la familia activó la Alerta Amber en Guanajuato, ante su desaparición.
Tras la localización de la menor, las autoridades detuvieron al sujeto, y el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por violación. Además, se le impuso prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso judicial, garantizando que el imputado permanezca bajo custodia mientras se desarrolla el caso.
La víctima fue entregada a autoridades del estado de Guanajuato, donde será integrada a una red de apoyo especializada en protección y atención a menores. Este mecanismo busca asegurar su recuperación emocional y física, así como su reintegración a un entorno seguro.
Especialistas en delitos sexuales destacan que casos como este evidencian la importancia de la prevención y educación sobre la manipulación y los engaños que utilizan los agresores para trasladar a menores de un estado a otro, reforzando la necesidad de protocolos de alerta temprana y coordinación interinstitucional.
La Fiscalía General del Estado ha subrayado que seguirá trabajando en la protección de las víctimas y en la persecución de delitos sexuales, promoviendo campañas de concientización sobre los riesgos de la trata de personas y la explotación de menores, así como reforzando la capacitación de los agentes de investigación y personal judicial.