La Escalada de Poderes Policiales en Reino Unido Amenaza el Derecho a la Protesta
El Ministerio del Interior británico anunció este domingo una ampliación de los poderes policiales para reprimir las manifestaciones repetidas, una medida que llega tras una ola de arrestos masivos de activistas propalestinos en Londres. La Policía Metropolitana detuvo a casi 500 personas el sábado en Trafalgar Square por apoyar a Palestine Action, un grupo activista recientemente prohibido. Esta decisión de otorgar poderes más amplios a las autoridades, que entrarán en vigor «tan pronto como sea posible», ha generado una fuerte condena de defensores de las libertades civiles, quienes ven en ello un ataque directo y cínico contra el derecho fundamental a la protesta pacífica en el país.
La Represión de la Protesta Pacífica y la Invasión de Derechos
La protesta del sábado, convocada bajo el lema «Levanten la prohibición», tuvo lugar a pesar de los llamados de legisladores y la Policía para que fuera cancelada, especialmente días después del trágico ataque a una sinagoga en Manchester. Los organizadores rechazaron estos llamados, argumentando que «cancelar protestas pacíficas es dejar que el terror gane». El uso de los nuevos poderes, que citan los arrestos masivos del sábado, permitirá a los altos mandos policiales imponer condiciones adicionales, e incluso prohibir o reubicar manifestaciones basándose en su «impacto acumulativo». Esta nueva normativa, propuesta como una enmienda a la Ley de Orden Público, busca explícitamente limitar las protestas que se han realizado en el mismo lugar durante semanas y han causado «disturbios reiterados».
Lo que resulta especialmente preocupante es el perfil de los arrestados en esta escalada de poderes. Entre los cerca de 500 detenidos del sábado se encontraban activistas de avanzada edad y con problemas de movilidad, como Elizabeth Morley, de 79 años e hija de un sobreviviente del Holocausto, un hombre judío de 79 años con una enfermedad terminal, y una sacerdotisa anglicana de 83 años. Videos de la protesta mostraron a un hombre ciego y a personas en sillas de ruedas siendo detenidos. El hecho de que la mayoría portara pancartas que decían «Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action» subraya que el uso de poderes ampliados se está dirigiendo contra la expresión de una opinión política, y no necesariamente contra actos de violencia.
El Ministerio del Interior justificó esta expansión de poderes apelando al temor en la comunidad judía, citando a la ministra Shabana Mahmood, quien declaró que las protestas reiteradas pueden hacer que «sectores de nuestro país… se sientan inseguros, intimidados y con miedo de salir de sus casas». Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo. Organizaciones de derechos humanos como Liberty advirtieron que la Policía ya posee «amplios poderes para restringir las protestas» y que otorgarles aún más solo «socavaría aún más nuestros derechos», sin ofrecer una solución real a la violencia o el antisemitismo.
La Respuesta Crítica y Constructiva al Poder Estatal
La crítica constructiva contra esta medida ha sido feroz. Tom Southerden, de Amnistía Internacional en el Reino Unido, calificó la propuesta como «absurda» y un intento «cínico de aparentar dureza», señalando que el Gobierno parece determinado a restringir de forma continua este derecho humano básico. Liberty enfatizó que, si bien es comprensible que la gente demande acciones en tiempos de temor, «restringir la protesta puede aumentar las tensiones al eliminar formas legales y seguras para que las personas se expresen». El derecho a la protesta para cuestionar a los Gobiernos y defender las convicciones personales es una piedra angular de la democracia que debe garantizarse.
Esta nueva enmienda llega después de que Palestine Action fuera designada organización terrorista en julio, lo que ya ha llevado a más de 2.000 arrestos en manifestaciones similares, incluidas las más de 890 detenciones en septiembre y 532 en agosto. Los organizadores de las protestas han calificado la decisión como una «nueva afrenta extraordinaria contra nuestra democracia» y, lejos de acatar, ya han anunciado planes de «desobediencia civil masiva» antes de una audiencia judicial en noviembre que busca desafiar la prohibición contra Palestine Action, lo que augura un nuevo y tenso pulso entre el poder estatal y el activismo civil.
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