El estado de Illinois y la ciudad de Chicago han lanzado una contundente ofensiva legal contra el Gobierno de Donald Trump, demandándolo por la decisión de federalizar y desplegar miembros de la Guardia Nacional en su territorio. La demanda, presentada ante un Tribunal de Distrito de EE.UU. en Illinois, califica el movimiento como «manifiestamente ilegal» y «peligroso», buscando detener lo que consideran una «federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional» de los militares. Este choque legal se produce en un contexto de crecientes tensiones y protestas, donde la Casa Blanca ha estado apuntando a ciudades lideradas por demócratas bajo el pretexto de «proteger agentes y activos federales».
La Denuncia de un Despliegue Ilegal
La acción legal surge apenas dos días después de que la Casa Blanca anunciara la autorización para enviar 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois a Chicago. Este despliegue en particular se suma a una estrategia ya utilizada en ciudades como Los Ángeles y Washington, D.C., para contrarrestar las protestas que han surgido en respuesta a la campaña de control inmigratorio del Gobierno federal. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, condenó públicamente la medida, elevando el tono de la confrontación al compararla con una «invasión» cuando se supo que el Gobierno también planeaba enviar 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Illinois y Oregón.
La demanda presentada por Illinois y Chicago no solo se enfoca en el despliegue de las tropas de Illinois, sino también en el envío de personal de la Guardia Nacional de Texas. Específicamente, pide al tribunal que ordene al Gobierno detener cualquier federalización o despliegue militar de la Guardia Nacional en Illinois, y que además declare ilegal la federalización de tropas en términos generales. Entre los acusados se encuentran figuras clave de la administración, incluyendo al presidente Donald Trump, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, demostrando la seriedad con la que el estado y la ciudad están abordando esta disputa.
El argumento central de los demandantes es que el despliegue de tropas tiene motivaciones netamente políticas. En la demanda se subraya el historial de comentarios «amenazadores y despectivos» que el presidente Trump ha hecho sobre Chicago e Illinois, sugiriendo que la movilización militar no es una necesidad de seguridad, sino un ataque político dirigido contra líderes demócratas. Esta disputa legal en Illinois no es un caso aislado; se presenta justo después de que funcionarios de Oregón y California impugnaran una decisión similar del Gobierno de asignar tropas federalizadas a Portland.
Un Conflicto Nacional por el Despliegue de Tropas
La impugnación de Illinois forma parte de una confrontación a nivel nacional sobre el uso y la autoridad del Gobierno federal para utilizar la Guardia Nacional en contextos de protestas civiles y asuntos migratorios. De hecho, una jueza federal designada por Trump intervino temporalmente para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional a Portland desde cualquier punto de EE.UU. la jornada anterior, lo que demuestra que el desafío legal de Illinois se apoya en un precedente judicial favorable. La Casa Blanca, al atacar con el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades que se oponen a su agenda, está abriendo un flanco legal y político que múltiples estados están dispuestos a explotar para proteger su autonomía estatal frente a la injerencia federal.
La disputa es crucial porque toca el delicado equilibrio de poderes entre el Gobierno federal y los estados. Al federalizar a los miembros de la Guardia Nacional, la administración Trump busca ejercer un control que sobrepasa la autoridad del gobernador, quien en condiciones normales es el comandante en jefe de la Guardia Nacional estatal. La solicitud de los demandantes de declarar ilegal la federalización de tropas en general busca sentar un precedente que limite de forma permanente la capacidad del Ejecutivo para utilizar a la Guardia Nacional con fines políticos o en contra de la voluntad de los gobiernos estatales, consolidando así un frente legal demócrata unido contra las tácticas de mano dura de la Casa Blanca.
La Diferencia entre Guardia Nacional Federalizada y Desplegada por el Gobernador
El punto legal clave en esta disputa es la federalización de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es, primariamente, una fuerza militar estatal bajo el control del gobernador. Cuando el gobernador la despliega (como se hace a menudo para desastres naturales o disturbios internos), opera bajo el «Título 32» del Código de EE.UU., manteniendo su estatus estatal. Sin embargo, cuando el presidente la federaliza y la pone bajo el control del Departamento de Defensa (bajo el «Título 10»), el personal pasa a ser considerado parte de las Fuerzas Armadas federales. Al federalizar las tropas de la Guardia Nacional de Illinois y Texas, Trump no solo elude la autoridad del gobernador Pritzker, sino que también otorga a estas tropas los mismos poderes y protecciones que a cualquier soldado en servicio activo federal, lo que agrava la preocupación de que se usen para fines de aplicación de la ley y control de inmigración en contra de la voluntad del estado.
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