6 de Octubre del 2025.- En una alarmante situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los derechos de los pueblos originarios, una mujer indígena identificada como Eunice N. fue privada de su libertad en la agencia municipal del ejido La Competencia, en Huitiupán, Chiapas. Su delito, según su propio testimonio difundido en redes sociales, fue oponerse a que parte de su propiedad fuera utilizada para la construcción de una calle como parte de un proyecto gubernamental, sin que se respetara su patrimonio. Este caso ha generado una fuerte reacción y ha puesto el foco en las tensiones entre los proyectos de desarrollo y los derechos territoriales de las comunidades.
En un video grabado desde su celda, Eunice explicó con voz firme que el motivo de su detención fue una represalia por alzar la voz. «Me encerraron porque entró el proyecto de COPLADEM a la comunidad y están haciendo calles… no respetaron mis derechos y me quitaron parte de mi propiedad», detalló. Afirmó que al reclamar lo que le pertenecía, las autoridades locales la castigaron bajo el argumento de que en la comunidad «la asamblea manda» y que ella no tenía poder para oponerse a sus decisiones, evidenciando un claro abuso de autoridad en el encarcelamiento de esta mujer indígena.
Presión y amenazas para silenciar la denuncia
La situación escaló cuando, en un acto de intimidación, las autoridades del ejido también encarcelaron al sobrino de Eunice, un menor de tan solo 16 años. La hermana de la víctima denunció en otro video que recibió una llamada de su sobrino, quien, visiblemente presionado por las autoridades que supervisaban la conversación, le pidió que solicitara a sus contactos que eliminaran los videos de la denuncia de las redes sociales. La amenaza era clara: si no lo hacían, convocarían a una nueva reunión de la asamblea para despojar a la familia de todas sus pertenencias.
Afortunadamente, la presión ejercida a través de las redes sociales tuvo efecto. Veinticuatro horas después de que el caso se hiciera público, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas intervino directamente en el asunto. La dependencia informó que, gracias a un proceso de diálogo con las autoridades comunitarias, se logró la liberación inmediata de Eunice N. Este paso fue fundamental para garantizar la integridad de la víctima y comenzar el proceso de impartición de justicia, demostrando la importancia de la denuncia ciudadana para movilizar a las instituciones.
Investigación en curso y un patrón de abuso
Tras la liberación, la FGE anunció el inicio de una carpeta de investigación formal para fincar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables de la retención ilegal. El Fiscal del Ministerio Público tomó cartas en el asunto, solicitando de inmediato la implementación de medidas de protección para Eunice y su familia, con el fin de evitar futuras represalias. La investigación buscará esclarecer los hechos y castigar cualquier conducta que sea constitutiva de un delito, sentando un precedente contra este tipo de abusos.
Este lamentable suceso no es un hecho aislado en la región. El encarcelamiento de la mujer indígena por la defensa de su territorio es un patrón que se ha repetido. Como antecedente, el pasado 21 de abril, cuatro mujeres tzotziles de la comunidad El Pozo, en San Juan Chamula, fueron encarceladas en condiciones similares. Su detención se debió a que se resistieron a ceder los derechos de un predio del cual los habitantes de la localidad extraían agua, un recurso vital para el consumo humano, lo que demuestra una problemática sistémica en la región.
El argumento de que «la asamblea manda», utilizado para justificar la detención de Eunice, se enmarca en el sistema de «usos y costumbres» que rige a muchas comunidades indígenas en México. Estos sistemas de autogobierno están reconocidos por la Constitución para preservar la autonomía y la cultura de los pueblos originarios. Sin embargo, en ocasiones, las decisiones de las asambleas comunitarias pueden entrar en conflicto directo con los derechos humanos universales y las leyes nacionales, especialmente en lo que respecta a la propiedad privada, la equidad de género y el debido proceso. Este caso ilustra la compleja tensión que existe entre el derecho a la libre determinación de los pueblos y la obligación del Estado de garantizar que ninguna costumbre o tradición vulnere los derechos fundamentales de una persona.
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