4 DE OCTUBRE DEL 2025 – LOCAL. Por segunda ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado atraer el mediático caso de Aguakán, la empresa privada que mantiene la concesión del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, el corredor turístico más grande del país. La decisión, que se tomó justo una semana antes de que el Pleno anterior de la Corte concluyera sus funciones, fue un revés para el Gobierno de Quintana Roo. El litigio, que busca retirar la concesión otorgada a la empresa, continuará su curso en instancias judiciales inferiores, postergando la resolución final sobre el control de un servicio esencial para más de un millón y medio de habitantes.
La exministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández determinó desechar la solicitud de facultad de atracción promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo. El objetivo de esta solicitud era anular la suspensión definitiva que la empresa Aguakán había ganado en enero de 2024. Dicha suspensión impide que el Congreso estatal retire de forma inmediata la concesión, a pesar de la aprobación de esta medida por los legisladores. La decisión de la Corte mantiene el statu quo a favor de la empresa.
Falta de Legitimación y Precedentes del Caso
La principal razón esgrimida por la exministra Piña Hernández para desechar la solicitud de atracción fue la falta de legitimación de la Consejería Jurídica para promover una acción legal de este tipo. El acuerdo judicial señala claramente: «Se desechó la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción interpuesto por la parte contraria a la recurrente en el presente toca, ante la falta de legitimación del solicitante». Esta formalidad legal obliga a la autoridad estatal a buscar otras vías jurídicas para impugnar la suspensión definitiva de la concesión.
Es importante recordar que esta no es la primera vez que la Corte se niega a revisar un aspecto clave del caso Aguakán. En mayo pasado, el máximo tribunal ya había negado otra solicitud de revisión relacionada con una cláusula de la concesión que permite a la empresa solicitar un arreglo de diferencias a través de un arbitraje francés. Esta condición fue pactada originalmente en 2014, cuando la concesión fue ampliada en un negocio avalado por el entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso, y otras figuras políticas. La negativa de la Corte de atraer el caso por segunda vez refuerza la complejidad legal del litigio.
El Servicio no Puede Retirarse y el Futuro de la Concesión
A pesar de que en abril de 2025 Aguakán no obtuvo un amparo contra el retiro de la concesión aprobado por el Congreso, la empresa mantiene su operación sin interrupciones. La razón es la ya mencionada suspensión definitiva que ganó dentro de un juicio de garantías. Mientras este recurso legal esté vigente, el servicio de suministro de agua potable, que abarca cuatro municipios turísticos, no puede ser retirado por la autoridad estatal.
El servicio de agua brindado por Aguakán no solo es un negocio lucrativo, sino que opera sobre una infraestructura hídrica crítica en una zona de alta vulnerabilidad ambiental como lo es el acuífero de la Península de Yucatán. La concesión no solo implica el suministro de agua a los más de 130 mil cuartos hoteleros y al millón y medio de habitantes, sino también el manejo del drenaje y el tratamiento de aguas residuales. Este componente de gestión ambiental añade una capa de complejidad al litigio, ya que cualquier cambio en la concesión debe garantizar la protección del ecosistema, un factor que el Tribunal Colegiado deberá considerar al analizar las responsabilidades de la empresa.
Ahora, en lugar de ser resuelto por la Suprema Corte, el destino de la concesión de Aguakán y la validez de la suspensión definitiva recaen sobre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo. Esta instancia judicial será la encargada de analizar el fondo del juicio de garantías. La decisión final de este tribunal será clave para determinar si el gobierno estatal puede concretar la revocación de la concesión o si la empresa mantendrá el control del vital servicio en la principal zona turística del país.
<
