1 de Octubre del 2025.- La seguridad de las misiones humanitarias en el departamento colombiano de Norte de Santander ha vuelto a encender las alarmas tras la retención temporal de una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El incidente ocurrió el 30 de septiembre de 2025, cuando cuatro ocupantes del vehículo oficial de la ONU—incluyendo tres funcionarios y el conductor— fueron obligados a detenerse en un retén armado, presuntamente instalado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque la retención duró unos cuarenta minutos y los funcionarios fueron liberados ilesos, el suceso subraya los riesgos persistentes en esta región.
El Suceso: Cuarenta Minutos de Tensión
El retén ilegal se localizó en la vereda Villa del Carmen, en la carretera que conecta los municipios de Tibú y El Tarra, una zona conocida como el Catatumbo, con fuerte presencia de grupos armados ilegales. Los integrantes del ELN obligaron a la comisión a permanecer en el lugar mientras realizaban «verificaciones», según confirmaron autoridades locales y voceros de Naciones Unidas. Afortunadamente, no se produjeron daños físicos ni agresiones contra el personal de la ONU, quienes se mantuvieron bajo vigilancia armada. Tras las comprobaciones, los funcionarios pudieron continuar su camino hasta Tibú, donde fueron reportados como sanos y salvos.
El secretario de seguridad de Norte de Santander confirmó el estado de los retenidos, asegurando que se encuentran bien y que serían trasladados a Cúcuta. Sin embargo, este episodio ha generado una ola de preocupación entre las instituciones y organizaciones humanitarias. La retención de la misión de la ONU pone de manifiesto que la presencia activa de grupos armados ilegales sigue afectando la tranquilidad y la movilidad en el Catatumbo. Existe un consenso claro entre los representantes de la ONU y las autoridades locales sobre la necesidad imperante de garantizar corredores seguros para las misiones internacionales y, más importante aún, para el tránsito de la población civil en la región.
Este incidente con la delegación de la ONU no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de retenciones temporales que grupos armados o comunidades en conflicto han utilizado en Colombia como mecanismo de presión política o social, sin recurrir necesariamente a la violencia física. Un caso reciente que ilustra esta táctica ocurrió el 13 de agosto, cuando una misión médica fue retenida por la comunidad indígena U’wa en las afueras de Toledo. Los indígenas impidieron la salida de médicos, enfermeras y funcionarios municipales, no por secuestro con fines extorsivos, sino como una forma de exigir el cumplimiento de la entrega de medicamentos prometidos. Este tipo de retenciones, aunque menos violentas, reflejan la fragilidad del control estatal y el uso del «bloqueo humano» como herramienta de negociación.
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