30 de Septiembre del 2025.- Un ambicioso proyecto de infraestructura digital avanza con sigilo en Chile y ha comenzado a encender las alarmas en toda América Latina. Se trata del cable submarino con China, una conexión de fibra óptica que busca unir las costas chilenas con Hong Kong. Aunque se presenta como un avance tecnológico, la iniciativa está rodeada de opacidad y genera serias dudas sobre la seguridad y soberanía de los datos de la región. El principal temor es que, debido a la estricta legislación china, este proyecto pueda convertirse en una puerta de acceso para los servicios de inteligencia de Pekín a información sensible de millones de personas y múltiples gobiernos.
La preocupación aumenta al comparar este plan con el cable Humboldt, otra conexión transpacífica que Chile desarrolla de manera transparente junto a Google y la Polinesia Francesa. Mientras el proyecto Humboldt cuenta con socios, inversión y un cronograma públicos y claros, el llamado «Chile–China Express» es manejado con un secretismo inusual. Los registros de la industria apenas lo mencionan como una iniciativa «en progreso» a cargo de la empresa Inchcape/ISS, sin detalles sobre su financiamiento o términos contractuales, lo que constituye una primera señal de alerta sobre las verdaderas intenciones y condiciones del acuerdo.
Las Leyes Chinas en el Centro de la Preocupación
El núcleo del problema no es la conexión en sí, sino el marco legal al que estaría sometida. China cuenta con una Ley de Ciberseguridad y una Ley de Inteligencia Nacional que obligan a todas sus empresas, sin importar dónde operen, a colaborar plenamente con las agencias de inteligencia del Estado. Esto significa que cualquier dato que circule por el proyecto de cable submarino podría ser auditado y entregado a las autoridades chinas si estas lo solicitan por motivos de «seguridad nacional». En la práctica, ni los usuarios ni los gobiernos de los países interconectados tendrían forma de oponerse o siquiera saber que su información está siendo monitoreada.
Esta vulnerabilidad no se limita a Chile. La naturaleza interconectada de la red global de internet implica que el tráfico de datos de países vecinos como Argentina, Brasil, Perú o Ecuador podría ser enrutado a través de esta nueva infraestructura. De esta manera, una decisión de infraestructura tomada en Santiago podría comprometer la seguridad digital de toda la región. El proyecto deja de ser un asunto doméstico para convertirse en un tema de alta relevancia geoestratégica, donde el control de los flujos de información es tan crucial como el control de los recursos naturales.
Un Patrón de Opacidad y Control Extraterritorial
La falta de transparencia en este acuerdo no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón recurrente en la política exterior china. Estudios internacionales han revelado que muchos contratos de deuda e inversión de China en África y América Latina incluyen cláusulas de confidencialidad extremas que impiden el escrutinio público. A esta dimensión jurídica se suma una creciente red de control extraterritorial, como lo demuestran los informes sobre las más de 50 «estaciones de policía» chinas operando en el extranjero para vigilar y presionar a su diáspora, con presencia confirmada en la región.
En este contexto, la infraestructura de cable submarino no puede analizarse como un simple negocio de telecomunicaciones. Expertos señalan que forma parte de un ecosistema de herramientas de influencia que China despliega globalmente, combinando poder económico, control digital y presión diplomática. Mientras se presentan estos proyectos con promesas de inversión y empleo, la experiencia en Chile con otras iniciativas chinas en los sectores farmacéutico y del litio ha demostrado que muchos de estos anuncios no se materializan, dejando en evidencia que el interés principal podría ser el control estratégico más que el desarrollo económico mutuo.
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