29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Ocho meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prisión vitalicia para los crímenes de odio en el Estado de México, esta sanción, también conocida como cadena perpetua, sigue vigente en la legislación de esa y otras cuatro entidades del país. El Estado de México mantiene este castigo para al menos ocho delitos graves, incluyendo homicidio, extorsión, violación y feminicidio. Este panorama revela una resistencia legislativa a eliminar una pena que la máxima autoridad judicial considera contraria al principio de reinserción social establecido en la Constitución federal.
Las Entidades que Sostienen la Pena Vitalicia
Una revisión detallada a los códigos penales vigentes muestra que el castigo de la cadena perpetua se mantiene en Chihuahua, Veracruz, Puebla y Quintana Roo, además del Estado de México. Chihuahua, la primera entidad en incluir la prisión vitalicia desde 2008, la aplica específicamente en casos de feminicidio. En Veracruz, se contempla como pena máxima en casos señalados por la ley, como el homicidio calificado. Puebla la usa para delitos específicos, como secuestro con agravantes (víctima menor de edad, mujer o con discapacidad), y Quintana Roo también la establece, sobre todo en casos graves de secuestro.
El Estado de México, si bien eliminó la cadena perpetua para crímenes de odio en abril con efectos retroactivos tras el fallo de la SCJN, mantiene el término «prisión vitalicia» en su artículo 23. Las conductas que aún se castigan con la máxima sanción son delitos de alto impacto, como el homicidio calificado y múltiple, la extorsión agravada, la violación tumultuaria o con resultado de muerte, el feminicidio cometido frente a hijos de la víctima, y el robo que derive en el deceso. La Fiscalía mexiquense reportó 34 sentencias de prisión vitalicia en su último informe (abril 2024-marzo 2025), 25 de ellas por feminicidio.
La Controversia de las Penas Excesivas
Además de las cinco entidades con prisión vitalicia, otras cuatro (Chiapas, Morelos, Oaxaca y Baja California Sur) establecen sanciones que, aunque técnicamente no son de por vida, resultan inaplicables por exceder con creces la esperanza de vida en México. Estas penas oscilan entre los 80 y 110 años. Por ejemplo, en Chiapas se llega a 110 años y en Oaxaca a 105. Las autoridades y defensores de derechos humanos argumentan que imponer penas tan severas y superiores a la expectativa de vida (73.5 años para mujeres y 64.8 para hombres, según Inegi) contraviene los principios de reinserción social y los derechos humanos.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, intentó eliminar el término de prisión vitalicia para alinear la legislación con el criterio de la Corte y evitar castigos desproporcionados. Sin embargo, su iniciativa no prosperó en el Congreso mexiquense. Los legisladores argumentaron que modificar o reducir las penas podría «mandar un mensaje equivocado» a la sociedad, especialmente considerando que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en delitos como el feminicidio y la extorsión. Por ello, se solicitó replantear la propuesta y no reducir las penas máximas, aunque se elimine el término específico de cadena perpetua.
